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septiembre 7, 2018El presidente de Guatemala veta la entrada al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU
- El País (América)
- 6 Sep 2018
- JOSÉ ELÍAS, Ciudad de Guatemala
Tras su decisión el pasado viernes de no renovar la misión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el presidente Jimmy Morales ha dado un paso más en su enfrentamiento con el organismo, que ha sacado a la luz decenas de casos de corrupción al impedir la entrada al país del jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez. La comisión, cuyo trabajo ya ha llevado a prisión al exmandatario Otto Pérez Molino, ha promovido junto con la Fiscalía de Guatemala un proceso de desafuero contra Morales, al que acusan de financiación irregular durante su etapa como secretario general del partido FCN-Nación que lo llevó al poder. Estaba previsto que esta semana se formara en el Congreso la comisión encargada de decidir si se despojaría o no al presidente de su inmunidad para que pueda ser juzgado. Pero el mayor juicio contra el mandatario se produce en las calles: mientras el 70% de los guatemaltecos apoya la actuación del organismo dependiente de la ONU, el presidente solo cuenta con un 20% de aprobación. En un intento de mantener el apoyo de los sectores que lo respaldan, Morales ha aparecido en televisión junto a miembros del Ejército y con un discurso ultraconservador.
Guatemala vive días inciertos después de que el Gobierno de Jimmy Morales haya terminado de dar la espalda a la lucha contra la corrupción. La cruzada del presidente contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha escalado hasta tal punto que sus últimas decisiones sumen al país en una espiral de acontecimientos donde los vestigios del pasado vuelven a aflorar.
El viernes, Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG para el próximo año, lo que en la práctica se traduce en la expulsión de Guatemala de la misión, cuyo trabajo ha propiciado el encarcelamiento de mandatarios como Otto Pérez Molina. Este lunes, el mandatario incidió en su persecución contra la CICIG con la prohibición de entrada al
país del jefe del organismo, el colombiano Iván Velásquez.
En Guatemala no ha sorprendido la decisión, pero sí el momento y, sobre todo, la forma. Morales, un político muy conservador, comunicó la expulsión de la CICIG en una conferencia en la que estuvo rodeado de militares y policías y en la que empleó un tono enérgico, homofóbico, incluyendo defensas a la familia que poco venían al caso en aquel momento.
La decisión, no obstante, se barruntaba desde hacía tiempo. Morales estaba acorralado por los señalamientos de corrupción, con un proceso de desafuero en su contra promovido por la Fiscalía y la CICIG, que lo acusan de financiación electoral ilegal cuando ejercía de secretario general del partido que lo llevó al poder. Si la expulsión se aceleró, en buena medida fue porque esta semana estaba previsto que se conformara en el Congreso la comisión que determinaría si se daba luz verde al proceso para despojar de inmunidad al mandatario. En los días previos, medios afines al Gobierno y una intensa campaña en las redes sociales intensificaron los ataques contra Velásquez y la CICIG, sin que la campaña hiciera mayor daño al prestigio de la investigación. Según las últimas encuestas, cuenta con la aceptación del 70% de los guatemaltecos, mientras la imagen del mandatario está bajo mínimos (menos del 20%). Una imagen muy pobre, que Morales pretende neutralizar con apariciones vestido de militar —lo que no hizo ni Otto Pérez, general del Ejército—, o acompañado por los pastores de su iglesia neopentecostal, los únicos apoyos visibles de un mandatario que en diciembre de 2016 fue elegido por mayoría abrumadora.
La labor de la CICIG, dependiente de la ONU, ha sido celebrada en Guatemala y envidiada en otros países de Centroamérica, donde distintas organizaciones y sectores políticos y de la sociedad civil han pedido que se emule el ejemplo. La organización, entre otros logros, consiguió enjuiciar y condenar por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina, hoy en la cárcel.
En la carta a la ONU en la que anunciaba que no renovaría el mandato de la misión, Morales decía: “La CICIG ha permanecido en el país por más de diez años, considerándose que a la fecha el mismo ha sido suficiente para que dicha comisión haya logrado el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo”.
Los ecos de Nicaragua
La batalla de Morales contra la CICIG y Velásquez viene de largo. Hace un año ya amenazó con expulsar al magistrado colombiano, que en su país ya recibió las críticas del expresidente Álvaro Uribe por la lucha de Velásquez contra el paramilitarismo. La comisión había ayudado en el proceso contra el hermano y uno de los hijos de Morales por fraude.
“El presidente, obviamente, se siente acorralado y lo que ha hecho es la reacción lógica a esa sensación”, opina Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (Transparencia Internacional). Para Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), existe el temor de que ante las manifestaciones de apoyo a la CICIG y de repudio a la decisión del mandatario, el Gobierno replique la represión violenta de Daniel Ortega en Nicaragua. Para el analista Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, la decisión de Morales es, por lo menos, preocupante. “Todos los indicios apuntan a un golpe de fuerza sin precedentes en la historia contemporánea de Guatemala. La rueda de prensa, rodeado de policías y militares, en medio de falsas noticias tendentes a crear un clima de terror, apuntan a eso”.
