El tribunal de La Haya falla a favor de la petrolera. El Gobierno anuncia que exigirá responsabilidades a Rafael Correa.
Ecuador se prepara para asumir una contundente derrota económica en el largo y controvertido caso Chevron, tras el laudo arbitral que acaba de dar la razón a la petrolera estadounidense. El tribunal arbitral internacional de La Haya acusa al Gobierno ecuatoriano de haber violado obligaciones suscritas en tratados internaciones y haber negado a Chevron un verdadero acceso a la justicia. El Gobierno de Lenín Moreno exigirá al expresidente Rafael Correa que responda por no haber defendido “como corresponde” los intereses nacionales.
El tribunal arbitral internacional de La Haya hace responsable al país “por denegación de Justicia”, por “violación al principio de trato justo y equitativo”, previsto en el Tratado Biletaral de Inversiones firmado con Estados Unidos, y por incumplimiento “de los laudos arbitrales previos que establecían medidas cautelares”, según informó ayer el Gobierno ecuatoriano, dentro de un litigio por contaminación ambiental que se prolonga desde hace décadas. Eso, advierten las autoridades, expone a Ecuador a una sanción millonaria.
Pero el Ejecutivo de Lenín Moreno no está dispuesto a pagar la factura de un proceso judicial heredado de la Administración anterior y que tiene al país enredado desde 1993 por el daño medioambiental que causó la petrolera Texaco —después adquirida por Chevron, que también acarreó con el conflicto— en la Amazonía ecuatoriana. La petrolera atribuye la contaminación a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio.
El secretario general de Presidencia, Eduardo Jurado, se adelantaba el jueves a la derrota ante La Haya y anunciaba que exigirá al expresidente, Rafael Correa, y a sus colaboradores que respondan por no haber defendido “como corresponde” los intereses nacionales.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, informó ayer del laudo parcial, de más de 500 hojas, que da la razón a Chevron. La petrolera había solicitado a La Haya que el Estado ecuatoriano
asuma los 9.500 millones que le impuso como sanción la Justicia ecuatoriana en 2011, pero el fallo no fija la cuantía de la reparación que tendrá que asumir Ecuador. Eso se determinará, según el procurador general, en un proceso que comenzará en 90 días y durará meses.
El Gobierno prevé que pueden ser “cuantiosas sumas de dinero”, que causarán “graves daños al Estado”. El secretario general de Presidencia ha solicitado al abogado del Estado que se inicien las “auditorías correspondientes para establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar” con el fin de ejercer, después,
el derecho de repetición. Es decir, de exigir a los responsables del Gobierno anterior que respondan económicamente.
En su defensa, el expresidente Rafael Correa acusó en Twitter al presidente Moreno de haber pactado con Chevron y rechazó las críticas recibidas: “Enfrentamos a una de las empresas más poderosas y sucias del planeta, y estos vendepatria no critican la evidente contaminación, sino la defensa del país”.
El Gobierno cree, además, que Correa se aprovechó del caso para ganar proyección internacional. Y lo hizo, según la denuncia, con fondos públicos a través de campañas de propaganda con las que se pagaban viajes hasta la selva amazónica a personajes reconocidos y arctores de Hollywood, bajo el eslogan: La mano sucia de Chevron.
Años en los juzgados
El asunto por la contaminación de la Amazonía se ha litigado en cortes nacionales y también en EE UU, Canadá, Argentina, Brasil y otras jurisdicciones.
El laudo de La Haya considera que Ecuador le negó a Chevron un verdadero acceso a Justicia y, por eso, echa para atrás la sentencia condenatoria, pero deja abierta la puerta a que la población indígena afectada por la contaminación de la selva amazónica pueda iniciar un nuevo litigio para reclamar a la petrolera por los daños causados por Texaco, firma que fue adquirida por Chevron.