¿Quién manda aquí?

El Presidente electo está también tratando de debilitar al Instituto Nacional Electoral, la institución que desde sus tiempos como IFE permitió a México tener una verdadera democracia…

Andrés Manuel López Obrador afirmó este 12 de noviembre, en vísperas de su cumpleaños, que esperaba vivir seis años más porque es el tiempo que piensa permanecer en el poder. La declaración es significativa porque, aun antes de rendir protesta, se ha advertido en redes sociales que el Presidente electo podría modificar la Constitución para reelegirse como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Daniel Ortega en Nicaragua.

Supongo que López Obrador tiene el suficiente conocimiento de nuestra historia como para no pretender reelegirse, pero es evidente que está dando a la Presidencia poderes que ésta no tenía desde los tiempos del viejo PRI.

“Yo no voy a ser florero -dijo en un video el 30 de octubre-, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos”. En ese video el tabasqueño tenía al lado, ¿casualmente?, una pila de libros sobre los que destacaba ¿Quién manda aquí?, un volumen de ensayos sobre la crisis de la democracia representativa, entre ellos uno del ex presidente del gobierno español, Felipe González, quien señala ahí: “Quizá parte de la crisis de gobernanza de la democracia representativa sea una crisis del fundamento de la vida en democracia, que es el diálogo. No monólogos sucesivos, sino el esfuerzo para comprender al otro”.

No parece que López Obrador haya leído con demasiada atención las palabras del estadista español. Cada vez parece más empeñado en acabar con el diálogo que la democracia impuso sobre los grupos políticos del país para volver a los monólogos sucesivos. La nueva Ley de Administración Pública es un paso en esa dirección. Morena violó los reglamentos internos de la Cámara de Diputados para aprobar la legislación que, entre otras cosas, crea los nuevos superdelegados federales, los cuales ya no tendrán que cumplir requisitos como contar con títulos profesionales o experiencia, ni siquiera un certificado de falta de antecedentes penales. El Presidente los nombrará a discreción y manejarán los programas sociales federales, sin sujetarse a las reglas institucionales que hoy existen, además de que serán secretarios técnicos de las reuniones estatales de seguridad. Serán verdaderos procónsules del presidente, con tanto poder como los gobernadores, quizá en violación del pacto federal. El trato entre el nuevo Presidente y los empresarios ya quedó delineado con la cancelación unilateral del aeropuerto de Texcoco y su oferta de compensar a los contratistas con nuevas obras. La Ley de Obras Públicas prohíbe al ejecutivo entregar proyectos sin licitarlos, pero cuando el Presidente controla el Congreso puede modificar cualquier ley que le estorbe.

El Presidente electo está también tratando de debilitar al Instituto Nacional Electoral, la institución que desde sus tiempos como IFE permitió a México tener una verdadera democracia e hizo posible acabar con la hegemonía del PRI. La consulta sobre el aeropuerto y las que hará sobre otros proyectos buscan mandar el mensaje de que el INE no es indispensable, que Morena podrá ser juez y parte de consultas dentro de un sistema de democracia directa.

López Obrador no quiere ser florero ni gobernar como los presidentes acotados de los últimos tiempos. Está buscando construir un sistema sin contrapesos en el que nadie pueda preguntarle: ¿Quién manda aquí?

Renuncias

Roberto del Cueto anunció su renuncia como subgobernador del Banco de México por supuestos motivos de salud, pero la decisión parece provocada por la reducción de sueldos ordenada por AMLO. Renunció también de manera anticipada Juan Carlos Zepeda a la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Es el principio del fin de las instituciones autónomas?