Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Nicolás Maduro han servido de carburante para que sectores políticos y sindicales vinculados a la oposición venezolana convocaran una huelga general para mañana, un día después de la entrada en vigor de la polémica reconversión monetaria. El paro, de un día de duración, está convocado para protes- tar contra el catastrófico estado general de la economía y las condiciones de vida en el país.
Andrés Velásquez, dirigente obrero siderúrgico y líder del partido La Causa Radical, es uno de los promotores más destacados de la convocatoria. Junto a otros dirigentes sindicales y políticos, agrupados en el Frente Amplio por una Venezuela Libre, Velásquez llevaba unas semanas haciendo consultas a nivel nacional para calibrar la disposición de los trabajadores y ciudadanos a sumarse a la huelga, un tipo de protesta habitualmente difícil de concretar con éxito en la Venezuela de estos años a causa del férreo control que el chavismo ejerce sobre la administración pública.
En esta ocasión, sin embargo, se impone la sensación general de que el llamamiento a la huelga podría encontrar un inusual apoyo, debido a la situación desesperada que vive la casi totalidad de la población, y que ha empujado a sindicatos —de los sectores de telecomunicaciones, del transporte y la electricidad— tradicionalmente controlados por el chavismo, a salir a las calles y bloquear avenidas para demandar mejoras salariales. Nacional.
Eduardo Rodríguez, taxista de 30 años, dice que no hay certezas sobre el futuro del país. “Nadie sabe qué pasará. Todos estamos nerviosos, pero tampoco podemos hacer mucho”, explica. Muchos coinciden en que lo mejor es esperar hasta mañana, el día después de la aplicación de la reconversión monetaria, para conocer los resultados de la medida.
“Todos. Sin complejos. Trabajadores, empresarios, estudiantes, desempleados, toda la sociedad civil debe ir al paro nacional y a la protesta”, escribió Velásquez en su cuenta de Twitter. De la organización de esta iniciativa cívica habían quedado inicialmente excluidos, en un acuerdo pactado entre todos, patronal y empresarios, uno de los eslabones más vulnerables del entramado social opositor por su alta exposición a las sanciones del Gobierno de Maduro.
Las medidas anunciadas por el régimen comprenden multiplicar por 34 el salario mínimo, en medio de una gravísima e inédita crisis económica, y la reconversión de la moneda, entre otras iniciativas, pero también admitir de forma implícita una devaluación del bolívar del 96%.