VENEZUELA, UN PROBLEMA MULTILATERAL
agosto 30, 2018“Se debió presionar antes para buscar una solución a la crisis de Venezuela”
agosto 30, 2018Los atrasos de más de dos años en la expedición del documento derivaron en un mercado negro
- La Nacion
- 30 Aug 2018
- Maolis Castro EL PAÍS
CARACAS.– Venezuela es una “cárcel a cielo abierto”, dice el ingeniero Alejandro Meleán. Sus planes están detenidos por no tener un pasaporte. “Se mojó con agua, por eso lo invalidaron y ahí empezó mi odisea”.
Hace dos años que el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) fue golpeado por la crisis. Desde entonces, los pasaportes escasean y solo se emiten prórrogas de dos años a los que ya han vencido. En marzo, Meleán comenzó una travesía para sacar uno nuevo. Pero no avanza.
“Estoy atado, no puedo salir. Me dicen que sea paciente, pero es un martirio esperar en Venezuela”, señala. Vive con su familia en Maracaibo (estado de Zulia), la ciudad más azotada por los cortes eléctricos y el desabastecimiento. Su hermana menor está en su misma condición: aguarda por el documento desde hace dos años. “Siento que se nos va la vida entre apagones y sortear la hiperinflación”.
El sistema oficial no funciona y las mafias se alimentan de la crisis para vender los pasaportes a elevados montos. Su precio oficial es de 18,86 bolívares soberanos (20 centavos de dólar), pero en el mercado negro las tarifas se elevan entre 700 y 5500 dólares.
La oferta depende del tipo de pasaporte y la duración del trámite; los consulares duplican en costos a los regulares. La diferencia es que unos se obtienen en el exterior y los otros, en Venezuela. Los hombres piden al cliente pagar por adelantado.
–¿Cuánto cobra por sacar un pasaporte?
–Eso depende, el consular es muy caro. Sale más barato que alguien se venga a Venezuela, lo saque y se vuelva a ir. Para el consular, la cita vale 2500 dólares y la impresión,
unos 3000 –responde el gestor en una conversación telefónica.
–¿Y cuál sería el precio desde Venezuela?
–Ese es el vip. Su precio es de 2000 dólares y se entrega de un día para otro.
Por el más económico, conocido como el trámite “corriente”, se pagan unos 700 dólares. Los que manejan este negocio prometen entregarlo en unas semanas. La venezolana Roxana Marín se niega a ser cliente de las mafias. Hace años había emigrado a Ecuador, pero regresó a su país con su bebé en febrero del año pasado. Su propósito era renovar el pasaporte y volverse a Quito. Pero en la espera del proceso sigue en Venezuela. “Tuve la cita el 6 de abril de 2017, tras mucho batallar con la página del Saime”, dice. Obtuvo la prórroga hace cuatro meses.
La existencia de las mafias fue reconocida por el ministro de Interior, Néstor Reverol, en julio. Fueron detenidos empleados del Saime; destituyeron a su director, Juan Carlos Dugarte, y se creó una línea telefónica para recibir denuncias.
La corrupción en los servicios de extranjería no es nueva. En su último informe, Transparencia Internacional, en su capítulo sobre Venezuela, registró 195 casos de cobros ilegales de pasaportes desde enero de 2017. Un centenar de estos casos fue denunciado en la fiscalía por esta ONG que recoge los casos mediante llamadas, correos electrónicos y conversaciones con los extorsionados.
La página oficial del Saime se demora en abrir, otras veces no carga. Los usuarios acceden al portal del ente para pedir una cita electrónica, el primer paso del proceso para sacar un pasaporte. Marilyn Ochoa, madre de un chico con cáncer, no pudo con este paso desde noviembre. Necesita un pasaporte para su hijo que será atendido en Colombia ante la crisis de salud en Venezuela. “La clínica Las Américas, en Medellín, me prometió ayudar al chico y estoy paralizada por un trámite”, explica.
Muchos optan por pedir una prórroga de dos años en su pasaporte. Este es un sello puesto en el documento ya vencido, un proceso que tarda entre uno y tres meses. Su costo es menor a un dólar dentro del país, pero en el exterior es superior. Gustavo Vizcaíno Gil, director del Saime, evalúa extender la prórroga a cinco años, pero la solución no incluye a los que necesitan uno nuevo. Para normalizar el servicio se necesita una inyección millonaria de presupuesto y un cambio de políticas. El antecesor del organismo, Dugarte, había advertido que el gobierno gasta 16 dólares por producir un pasaporte, lo que significó pérdidas económicas.
