Aministía Internacional (AI) presentó ayer en Buenos Aires su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela» en el que denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. El resultado de esta violencia fueron las más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 2015 y junio de 2017. En cuanto al perfil de las víctimas, en 2017, al menos el 95%, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país, informa Ep.
La directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, subrayó ayer que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar»
Venezuela registró en 2016 el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple que en Brasil.
Uso excesivo de fuerza
AI también denuncia que, pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial.
«Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas.
AI pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y que reduzcan los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y de homicidios.