Cómo impacta la presión de Trump sobre Venezuela

• El Pais (Uruguay)
• 18 Feb 2019
• SANTIAGO GATICA-RICARDO CHIRINOS LUIS CUSTODIO ABOGADOS, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (EE.UU.)

Toda empresa o persona en Estados Unidos que haga negocios con Pdvsa se ve afectada directamente por las sanciones de EE.UU., que alcanzan también, indirectamente a quienes lo hagan fuera de estados Unidos, porque casi cualquier transacción comercial hoy en día requiere utilizar de alguna u otra forma el sistema financiero americano, explicaron los abogados Santiago Gatica y Ricardo Chirinos, uruguayo y venezolano, respectivamente. Dichos profesionales se especializan en arbitraje internacional, desempeñándose en la firma global estadounidense Freshfields Bruckhaus Deringer y comentaron en Economía & Mercado los reales efectos del conjunto de medidas dispuestas por Estados Unidos sobre Venezuela, desde Obama en 2015 hasta Trump en nuestros días. En paralelo, recuerdan que varios arbitrajes internacionales por nacionalización de empresas por parte del chavismo han concluido con resultados favorables a las empresas, y por en los laudos dictados hasta el momento el estado venezolano ha sido condenado a pagar más de 6 mil millones de dólares. A continuación, un resumen de la entrevista.

—Antes de las últimas medidas adoptadas por Trump en enero, ¿cuáles eran las sanciones existentes en Estados Unidos contra Venezuela? —SG: En 2015, la administración Obama creó una lista de Nacionales Específicamente Designados, llamémosle NED, donde incluyó a personas vinculadas a hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Los activos de estas personas en EE.UU. quedaron automáticamente bloqueados. Luego, entre 2017 y 2018, la administración Trump emitió sanciones adicionales para prohibir transacciones relativas, entre otras, a cierta deuda emitida por Venezuela y Pdvsa, e incluyó a personas adicionales en la lista de NED, entre ellos a Nicolás Maduro, su esposa, y altos funcionarios y militares de su gobierno. Las personas incluidas en la lista de NED se encuentran vinculadas a actividades que EE.UU. quiere atacar. Por ejemplo, operaciones en el sector oro o corrupción con el gobierno de Venezuela.

—¿Qué alcance tienen las últimas medidas? —SG: A fines de enero, el Gobierno estadounidense tomó dos medidas adicionales para incrementar el alcance de las sanciones contra Venezuela. Ambas fueron adoptadas con posterioridad a que el presidente Trump reconociera a Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela. La primera medida adicional fue la órden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 25 de enero que amplió la definición de “Gobierno de Venezuela” a efectos de abarcar las actividades vinculadas a corrupción realizadas por el régimen de Maduro. La segunda medida adicional fue la inclusión de Pdvsa como NED por parte de la Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense (“Office of Foreign Assets Control” en inglés, conocida como OFAC).

—¿Cuál es la real afectación por estas medidas? —RC: Pese a la tensa situación de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela desde hace varios años, en particular durante la administración Trump, EE.UU. se ha mantenido como el principal comprador de petróleo venezolano. Al afectar directamente a Pdvsa, estas últimas sanciones impiden al régimen de Maduro acceder al mercado del que obtiene sus principales ingresos por la exportación de petróleo en moneda extranjera. El impacto es evidentemente muy significativo. Por otra parte, muchas de las empresas que prestan servicios especializados a Pdvsa son empresas estadounidenses. Las últimas regulaciones les conceden un período de gracia para cerrar operaciones en Venezuela, y existe la posibilidad de que el gobierno de Trump emita licencias que autoricen a estas empresas a prestar sus servicios a Pdvsa en Venezuela. Pero en la medida en que no se emitan estas licencias y estas empresas deban cesar operaciones en el corto plazo, la producción petrolera de Pdvsa continuará en declive. Se estima una caída inminente en la producción del 18% y una fuerte escasez de gasolina (nafta) y productos refinados que Pdvsa venía importando de EE.UU. para hacer frente al déficit interno. Esto complicará enormemente la ya muy reducida actividad económica en Venezuela. —Para el caso de Pdvsa, ¿qué está pasando con los flujos comerciales?

—RC: Sus cuentas han quedado congeladas y los pagos que deba recibir utilizando el sistema financiero americano pasarán a cuentas bloqueadas por el gobierno. A raíz de las últimas sanciones, los envíos futuros de crudo a EE.UU. han quedado suspendidos. Pdvsa está intentando recurrir a otros mercados como India y China para colocar su producción, pero ante las adversas implicaciones legales, financieras y reputacionales de hacer negocios con Pdvsa en las actuales circunstancias, estas transacciones no se concretarán fácilmente. Y si se concretan, se verá forzada a vender su producción con un importante descuento.

—¿Hay terceros afectados?

—RC: Toda empresa o persona en Estados Unidos que haga negocios con Pdvsa se ve afectada directamente por estas sanciones. E indirectamente, cualquier persona que haga negocios con Pdvsa fuera de EE.UU. se ve afectada porque casi cualquier transacción comercial hoy en día requiere utilizar de alguna u otra forma el sistema financiero americano. Además hay una muy fuerte presión política para que los gobiernos y empresas de terceros países no apoyen al régimen de Maduro y no le permitan disponer de los activos del Estado venezolano que se encuentran en el extranjero. El propio asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en declaraciones recientes dijo que “no olvidarán” a quienes se presten para esto. Naturalmente, más de uno que habría tenido disposición de aprovechar la oportunidad para hacer negocios con Pdvsa en estas circunstancias lo pensará dos veces antes de entrar en la lista negra del gobierno de Trump.

—¿El régimen de sanciones es el mismo que se aplicó a Irán o Corea del Norte?

—SG: Las sanciones contra Venezuela no constituyen una prohibición general de las relaciones con el gobierno o el Estado de Venezuela, como sí es el caso de las sanciones contra los países mencionados.

—¿Cuál es el respaldo jurídico de estas sanciones?

—SG: Las sanciones adoptadas tienen su fundamento en el derecho estadounidense. En este derecho se sostiene que la facultad del Presidente surge de los poderes inherentes del Poder Ejecutivo bajo la Constitución estadounidense y de varias leyes adoptadas por el Congreso. Existe incluso una ley conocida como la Ley de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela que prevé esta posibilidad. Luego el Presidente generalmente delega autoridad en materia de sanciones a otros miembros relevantes de su gabinete, como el Secretario de Estado o el Secretario del Tesoro.

—El gobierno de Venezuela denuncia la pérdida de centenares de miles de millones de dólares por lo que califica como “embargo”…

—RC: La pregunta es perdidos para quién. ¿Para Maduro y su gobierno? Eso es justamente lo que está pasando. Ya no tienen acceso a cuentas bancarias, pagos y reservas en oro en el exterior y esto los pone en una situación muy comprometida. Pero Guaidó y la Asamblea Nacional no opinan lo mismo. Para ellos, son medidas de colaboración internacional que le están permitiendo tomar progresivamente el control de los activos del Estado en el extranjero y evitar que desaparezcan mientras Maduro intenta mantenerse en el poder.

—Se acusa al gobierno de EE.UU. de “asfixia económica”…

—RC: Es evidente que estas acciones tienen por objeto aislar al régimen de Maduro y ejercer presión de distintas maneras, para que logre el objetivo propuesto de ayudar a que se retome el hilo constitucional en Venezuela. El propio gobierno estadounidense reconoce que este es el propósito. Y aunque Estados Unidos ha tenido sin duda un rol muy importante y sus sanciones son las que generaron mayor impacto, no se puede olvidar que Canadá, la Unión Europea, e incluso Suiza también han impuesto sanciones a Maduro y funcionarios de su gobierno.

—Hay denuncias de comercio trabado en áreas como alimentación y medicinas…

—RC: No he visto pruebas de que este sea el caso. La realidad es que no hay ninguna restricción que impida al Estado venezolano o a personas privadas importar desde Estados Unidos alimentos, medicinas o cualquier otro insumo a Venezuela en la medida en que estas transacciones no involucren actividades o personas sancionadas por el Gobierno estadounidense.

—Existen una serie de litigios previos a estas medidas, por nacionalización de empresas. ¿Cómo están esas instancias? —RC: De nacionalizaciones y otras medidas adversas del gobierno venezolano contra inversores extranjeros en los últimos años, han surgido más de cuarenta arbitrajes internacionales bajo tratados bilaterales de inversión. Varios han sido resueltos de forma favorable para los inversores. Es el caso de las mineras canadienses Crystallex y Rusoro, así como de Tenaris y Owens Illinois, entre otros. En los laudos dictados hasta el momento contra Venezuela se ha condenado al Estado venezolano a pagar más de 6.000 millones de dólares en daños. Venezuela ha intentado anular casi todos los laudos dictados en su contra pero en general no ha tenido éxito. En otros casos como el del grupo español Agroinsumos, de la empresa de empaques Smurfit o de la petrolera Conocophillips, los arbitrajes se encuentran en curso. Muchos de los inversores que han obtenido laudos favorables se encuentran en proceso de ejecutar estos laudos en Estados Unidos y otras jurisdicciones, y esos procesos de ejecución se encuentran en curso también ante los tribunales locales.

Ante las sanciones, habrá caída inminente de la producción de Pdvsa del 18%, anticipándose escasez de nafta y refinados

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