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Continúan las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Ejecuciones extrajudiciales, abusos de poder y brutalidad policial son violaciones a los derechos humanos que han provocado muchas protestas a nivel mundial en los últimos meses. Venezuela no escapa a estas denuncias.

  • Deutsche Welle (Spanish edition)
  • 13 Jun 2020

Defensores de derechos humanos han registrado un aumento en las muertes, agresiones y amenazas cometidas por fuerzas de seguridad en Venezuela durante la cuarentena por la COVID-19.

En el primer trimestre de 2020, la ONG Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) registró 357 presuntas ejecuciones extrajudiciales. La directora de COFAVIC, Liliana Ortega, señaló a DW que la situación preocupa aún más por las nuevas estrategias de quienes ejercen el poder en Venezuela ya que “en el marco del Estado de Alarma por la emergencia sanitaria del Covid-19 están aumentando las agresiones y abusos bajo el amparo de la nueva orden dada por las autoridades de mantener lo que han denominado como ‘la

furia bolivariana’como una especie de alerta para proteger la nación de los enemigos y agentes intervencionistas. Este llamado ha derivado en actos más violentos como amenazas de muerte, detenciones, criminalización, judicialización y mayor censura con el objeto de invisibilizar las denuncias” explica.

La aplicación de estas estrategias se han incrementado también a raíz de los hechos ocurridos a comienzos de mayo, cuando autoridades interceptaron 2 embarcaciones con disidentes venezolanos armados y dos estadounidenses con planes para infiltrarse en el país y eventualmente derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Hace días (6 de junio) el Ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, ascendió a 252 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por su desempeño en los operativos de defensa tras la incursión fallida. El saldo inicial dejó 6 muertos y 13 detenidos, pero tras el despliegue posterior al ataque, las fuerzas del Estado aseguran tener a 57 personas detenidas, que acusan de estar involucradas con la llamada Operación Gedeón. Sin embargo, las cifras de muertes ocasionadas en los operativos son difíciles de precisar. Por ejemplo, un operativo en mayo de las FAES en el barrio de Petare en Caracas dejo una cifra de 13 muertos según un tweet de Zair Mundaray, exfiscal de Derechos Fundamentales del Ministerio Público de Venezuela. Pero esa no es una cifra oficial; esta no se ha revelado. Los funcionarios buscaban en Petare a miembros de bandas delictivas envuelta en enfrentamientos reportados desde hace varios días pero luego Nicolás Maduro calificó los disturbios como acciones provocadas por un plan desestabilizador de la Agencia para el Control de Drogas de EEUU.

No es algo nuevo que operativos o situaciones de enfrentamientos en Venezuela sean politizados para justificarlos, pero una de las preocupaciones entre defensores de derechos humanos es que no se apliquen los mecanismos judiciales o investigativos para esclarecerlos, como ha venido ocurriendo desde hace varios años. Entre las falencias que ocurren dentro del sistema, Liliana Ortega destaca “junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias ulteriores, la situación de provisionalidad de la mayor parte de miembros del Poder Judicial qque impide el esclarecimiento pleno de los hechos, así como la identificación y sanción de los culpables en la mayoría de los casos. Esto crea un clima de impunidad extendido”.

Testimonios de familiares

Tal es el caso de Benigno Quijada, que presentó un documento al Ministerio Público para que se investigara la muerte de su hijo en el estado Bolívar el año pasado. Tras recibir la osamenta del fallecido, se le informó que fue asesinado por guerrilleros colombianos y luego recibió un comunicado de la Fiscalía General de que el caso había pasado a ‘delito común’. Quijada dijo a a DW que, “si el delito fue cometido por grupos no estatales, debería ser manejado como un hecho de derechos fundamentales. Queremos que lo que a nosotros nos sucedió no le suceda a otros venezolanos”, precisó. No es fácil conseguir testimonios ya que existe mucho temor a represalias, pero Quijada continúa su búsqueda de la verdad. Hay que seguir denunciando”, enfatizó.

Yusbelia Ochoa tampoco teme dar su testimonio, ya que presenció cómo su hijo le fue arrebatado de sus manos por las FAES en 2019. “Hay muchas personas que tienen familiares desaparecidos y no denuncian por miedo”, asegura Ochoa a DW. “Cuando yo fui a la morgue a identificar a mi hijo habían otras personas buscando familiares que habían desaparecido después de altercados con la policía, hay muchos casos, más de 100 en nuestro pueblo, diría yo”, denunció desde Orituco, estado Guárico. El caso de Yusbelia es aún mas grave ya que ella también fue agredida. Nos cuenta que “estábamos en casa, era de madrugada y el grupo de exterminio tumbó la puerta. Nos sacaron a la fuerza a mi hijo a, su esposa, a su bebe de 10 días de nacido y a mí. A raíz del maltrato a mi nuera le dio un sangramiento ya que la agredieron con el niño en brazos. A mi también me lanzaron contra los muebles mientras defendía a mi hijo, pero se lo llevaron, lo encapucharon y de ahí no lo vi más. Después supe que lo habían ajusticiado a un sitio en las afueras del pueblo donde hacen ese tipo de cosas”, cuenta entre lágrimas Ochoa.

El hijo de José Ángel Infante fue ultimado en condiciones similares. “El salió para el centro de la ciudad donde hay señal telefónica a eso de las 7pm”, relata Infante a DW. “A las 8 fue detenido por las FAES y se llevaron su moto y su teléfono; ninguna de sus cosas apareció y yo no lo volví a ver con vida”, cuenta. Aunque Infante dice que hay terror entre su familia y temen represalias, siente un deber de denunciar “porque las FAES están acabando con la juventud de Venezuela, nos están masacrando”. El temor no es infundado, pues entre algunos familiares de víctimas se conocen casos en los cuales “las FAES roban sus pertenencias, se llevan los electrodomésticos, matan los cochinos y se llevan las gallinas. Por eso hay miedo de denunciar, porque nadie quiere que además de sufrir una perdida en la familia se lleven también las pocas pertenencias que uno tiene,” denuncia Infante. Amenazas e intimidación Los testimonios registrados por DW son consistentes con los testimonios que registra COFAVIC. Su directora, Liliana Ortega, destaca que a los familiares de las víctimas -además de ser sometidos a amenazas, agresiones físicas y psicológicas- “en algunos casos sin explicación se les obliga a salir de su vivienda y en otros casos se les obliga a presenciar la ejecución extrajudicial de sus seres queridos”. Además, Ortega agrega que, según los reportes de las víctimas, es común “la destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias que ya tienen una vida muy precaria”. Pero lo que más podría impedir a familiares denunciar es que “en varios casos, luego de la comisión de los hechos, los presuntos funcionarios amenazan a familiares y vecinos de la comunidad con regresar y asesinar al resto de los hombres de sus familias para evitar la posibilidad de testigos, inhibir la denuncia y crear un clima de terror y sometimiento generalizado” declara Ortega.

Ante la opacidad de cifras oficiales, existen varias investigaciones independientes que alertan sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. COFAVIC condujo su propio monitoreo y ha “logrado registrar un total de 10.971 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde el 2012 hasta el mes de diciembre de 2019”, dice Ortega y agrega que “el 98% de estos casos son víctimas del género masculino y en el 75% de los casos son menores de 25 años”. Otras investigaciones como la de Human Rights Watch no son tan conservadoras. HRW estima que desde 2016 casi 18.000 personas murieron en Venezuela en situaciones “de resistencia a la autoridad”.

La esperanza para las víctimas, los defensores de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil es que el Estado aplique las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de Venezuela, posterior a su visita en 2019. Allí, Bachelet manifestó su preocupación por los planes de seguridad ciudadana como mecanismo de control social, pidió la disolución de las FAES y realizar investigaciones independientes para atender a las víctimas.

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