“La corrupción es tan fuerte que no les ha sido posible a los gobiernos evitar reconocer que este flagelo tiene que ser confrontado con prioridad”.
La corrupción ha llegado a niveles tan altos que los líderes políticos de América Latina han tenido que suscribir el Compromiso de Lima para generar mecanismos en la lucha contra este flagelo en la región. Así lo consideraron los especialistas que analizaron el pronunciamiento final de los 34 líderes políticos en la VIII Cumbre de las Américas que se realizó en el Perú.
Después de tratar el tema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, se elaboró el documento final anticorrupción que demanda una mayor cooperación jurídica, gobernabilidad democrática, transparencia y participación ciudadana.
Walter Albán, director de Proética, sostuvo que pese a lo accidentado de la VIII Cumbre se debe destacar que se ha llegado a una declaración final, lo que no ha sido posible en otras cumbres, y ha quedado en evidencia que la corrupción es tan fuerte que no les ha sido posible a los gobiernos evitar reconocer que este flagelo tiene que ser confrontado con prioridad y se debe aplicar mecanismos que permitan un trabajo en conjunto.
Consideró que es un punto a favor que exista este compromiso público, y con ello la Sociedad Civil en cada país va a tener una herramienta de soporte para plantear acciones que son indispensables emprender.
“En Perú vamos a trabajar intensamente para que la Declaración de Lima se traduzca en políticas claras sobre el financiamiento de los partidos, la contratación pública, la independencia del sistema judicial y se apliquen mecanismos para hacer frente al fenómeno de la corrupción que no respeta fronteras”, anotó.
Explicó que en la declaración se establecen pautas que son necesarias llevar adelante y es responsabilidad de cada Estado ponerlas en práctica.
En lo que corresponde al Perú, dijo que la lectura tiene prioridades. “Por un lado, llevar adelante la reforma en el sistema electoral que tanto se ha querido frenar en el Congreso; y en lo que es transparencia del gobierno, recuperar una vieja aspiración de la sociedad civil, que el señor Kuczynski frustró: crear una autoridad autónoma para acceso a la información y transparencia”, detalló.
La creación de esa autoridad –prosiguió– quedó en un remedo del planteamiento original formulado, debido a que se creó una dirección dentro del Ministerio de Justicia que
“Si nos ponemos a revisar lo que se ha hecho en el Perú, con lo que dice la Declaración de la VIII Cumbre de las Américas, salimos desaprobados”.
no tiene nada que ver con lo que se había propuesto.
Albán manifestó que con la conclusión de la Cumbre se debe retomar la búsqueda de un gobierno abierto y transparente y la Declaración de Lima permitirá establecer un parámetro para medir lo que se ha hecho o se dejó de hacer en cada país y “si nos ponemos a revisar lo que se ha hecho en el Perú, con lo que dice la declaración de la Cumbre, salimos desaprobados”.
Para el jurista y ex presidente del Congreso Raúl Ferrero Costa, el pronunciamiento de la Cumbre tiene un peso evidentemente político, pero es positivo que en una reunión de jefes de Estado se hable de luchar contra la corrupción.
“Es bueno que se tome conciencia a nivel internacional de este problema que es uno de los factores que más afectan la gobernabilidad democrática, la corrupción corroe y desarticula las instituciones”, comentó.
El reconocido abogado dijo que haberle dado importancia a la gobernabilidad y corrupción refleja que hay una nueva mirada política hacia este tema que atenta contra el desarrollo de los países.
Asimismo, consideró que es un llamado de atención para llevar a cabo una reforma electoral que resulta indispensable en el Perú.
“Vamos a ir a elecciones municipales y regionales a fin de año y elecciones generales en tres años. Mucho cuidado, pues con la institucionalidad que tenemos están debilitados el gobierno, los gobiernos municipales, regionales y el Congreso”, advirtió.
Ferrero consideró la Declaración de Lima como un llamado práctico, no tan teórico, para luchar contra la corrupción y “más bien se están apelando a principios que se estaban dejando de lado”.
El congresista Víctor A. García Belaunde (AP) sostuvo que el documento es positivo, pero “no todos los presidentes que han venido tienen autoridad moral para implementarlo”.
Destacó que el documento nos hace ver la necesidad de la reforma electoral que se tiene que hacer en el Perú de todas maneras.
“Es muy difícil hacer una reforma con personas que participan en las elecciones siguientes, siempre hay una inclinación partidaria, y por eso es mejor que la reforma se haga desde fuera, con una comisión multisectorial que proponga un código electoral y el Congreso lo apruebe”, planteó.
Por su parte, el internacionalista Miguel A. Rodríguez Mackay dijo que si se habla del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la Cumbre debió pronunciarse directamente sobre la situación en Venezuela, “donde la gobernabilidad democrática no existe y hacer la invocación para que haya elecciones libres y legítimas”.
Asimismo, lamentó que no haya habido un pronunciamiento contra el ataque de EEUU a Siria “que ha actuado al margen del derecho internacional, del consejo de seguridad de la ONU y del propio congreso de EEUU en un acto antijurídico”.