Defensa. Militares en acción, la nueva piedra de la discordia

Alas 8 en punto se abre la barrera del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en esta ciudad, 360 kilómetros al norte de la capital provincial. Salen cuatro camiones Unimog, un camión Mercedes y un todoterreno, con 50 hombres, armas y pertrechos. Llevan fusiles FAL y escopetas. No van a hacer frente a ningún conflicto. En realidad, el conflicto es la misión que les han dado: contribuir a la custodia de la frontera norte, perforada en toda su extensión por narcos, contrabandistas, delincuentes comunes, inmigrantes ilegales y traficantes de personas.

El Operativo Integración, un despliegue módico de tropas inaugurado anteayer por el presidente Macri en La Quiaca, encierra en sí mismo las contradicciones de un país que, según la opinión generalizada, no se ha dado una política de defensa consistente ni sabe bien qué hacer con sus Fuerzas Armadas, sumidas en un deterioro que lleva décadas.

Para el Gobierno, ese despliegue apunta a “tener una presencia más activa del Estado en zonas de fuertes desafíos”, sin involucrar a los soldados en cuestiones de seguridad interna. “No van a enfrentarse con nadie ni a hacer patrullaje o control de rutas. Van a brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad”, afirma el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Según amplios sectores de la oposición, hay gato encerrado. Llegan a decir que el objetivo real es alistarlas para el frente interno: “Este ajuste no cierra sin represión”.

Distante de ese debate, el jefe del Regimiento 28, teniente coronel Luis Parodi, había reunido temprano a la tropa que estaba por salir al terreno y durante una formación en la Plaza de Armas la despidió con una reposada arenga: llamó a observar con “disciplina y obediencia la misión encomendada por la superioridad”.

Los 50 efectivos que viajan en la caravana de Unimog rumbo a Rancho El Ñato, paraje cercano a la frontera tripartita con Bolivia y Paraguay, y cuna de Chaqueño Palavecino, gloria musical de estas tierras, saben que tienen por delante 170 kilómetros. Saben también que los esperan 15 días de rigor militar: vida en carpas, adiestramiento, internación en montes de vegetación salvaje y pruebas de tiro. Uno de sus jefes admite que lo más duro no es nada de eso, sino estar dos semanas desconectados de los teléfonos celulares.

Lo que no entienden los mandos militares es que una misión de bajo perfil destinada a “generar disuasión” haya provocado tanto alboroto. “El Operativo Escudo Norte [del gobierno anterior] era un sistema de patrullaje para buscar narcos, lo cual podía interpretarse como una violación a la ley de defensa. El alcance de este es mucho menor”, dice el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa.

Decreto polémico

Si esta iniciativa no tuviese ese carácter hubiese encontrado resistencia en el propio Ejército, muy poco proclive a involucrarse en un combate directo con el narcotráfico. Incluso así se lo habría hecho saber a Aguad hace unos meses.

El Gobierno movilizó las tropas amparado en la reciente derogación del decreto 727 de 2006, reglamentario de la ley de defensa, que autorizaba la respuesta militar solo en caso de ataques externos “de fuerzas regulares”; es decir, de otros ejércitos. En un país que fue víctima de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, y en pleno auge del narcoterrorismo y los ciberataques, sostienen muchos expertos, aquella restricción no tenía ningún sentido. “El decreto 727 [de la entonces ministra Nilda Garré] solo se explicaba desde lo ideológico. Lo que preocupa de una agresión no es su origen geográfico, sino su capacidad de daño”, dice Horacio Jaunarena, exministro de Defensa y director del Centro de Estudios para la Defensa Nacional.

Meses atrás, Mariano Bartolomé, coordinador de la Diplomatura en Seguridad Internacional y Defensa de la Universidad de Belgrano, arrancó sonrisas nerviosas en el auditorio de un seminario cuando dijo que, gracias al decreto del gobierno de Néstor Kirchner, “si entrara una columna de las FARC, el Ejército no podría hacer nada y unas horas después tendríamos a los guerrilleros en Pilar”.

Garré, diputada nacional por el Frente para la Victoria, ha expresado que la derogación del decreto 727 “obedece al pedido de Estados Unidos de que el país se enrole en la doctrina de las nuevas amenazas”. Sostuvo que es muy peligroso porque puede considerar como enemigo interno a quien “ejerza oposición o se movilice contra determinadas políticas”.

Desde esa vereda, la visita que hizo el miércoles al país el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, es interpretada como una confirmación de sus sospechas.

Para Rosendo Fraga, analista político y experto en temas de defensa, la movilización en la frontera como forma de frenar el narcotráfico no se justifica. “Mi objeción no es conceptual o ideológica, sino práctica. Hoy no hace falta. No estamos ante un fenómeno de una dimensión que amerite involucrar a las Fuerzas Armadas”, dice. Pero entiende la lógica de la decisión: el 60% de la Gendarmería, que es la fuerza encargada de custodiar la frontera, ha sido desplazada para reforzar la seguridad en el área metropolitana. Alguien tiene que cubrir el área que quedó desprotegida.

Sin control

El operativo integración involucra, por ahora, a unos 500 hombres, que podrían llegar a 3000 o incluso más si se cumplieran los deseos de Aguad, y a bastantes menos si fuera por los jefes militares. Contra lo que muchos creían, no hay desplazamientos de tropas desde otros puntos del país. Las que están participando son unidades de la zona, y con un régimen de alternancia: mientras grupos no muy numerosos se despliegan, la mayoría permanece en las guarniciones.

La frontera norte, región estratégica clave por sus riquezas naturales y principal puerta de entrada del narcotráfico, no es el único santo desvestido de la geografía argentina. El país tampoco tiene control de su espacio aéreo ni de su plataforma marítima. Según cifras oficiales, unos 200 vuelos clandestinos ingresan todos los días para dejar droga en las provincias del norte, y en el Mar Argentino operan en forma permanente entre 200 y 500 buques pesqueros ilegales (el 40%, chinos). “Hay que mirar las fotos nocturnas de esos pesqueros depredando nuestra riqueza ictícola: parecen una ciudad”, dice un oficial que ocupa un alto cargo en la Armada (ver la foto en la página siguiente).

El problema es que las Fuerzas Armadas no están en condiciones, hoy, después de varias décadas de reducción presupuestaria, de enfrentar ninguno de esos desafíos. En 1983, con el retorno de la democracia, los fondos asignados al área empezaron una carrera descendente que nunca se detuvo. En ese momento su presupuesto oscilaba entre el 2 y 2,5% del PBI (bastante más alto, es cierto, que el promedio mundial). Durante la presidencia de Menem bajó a 1,5/2%; con Néstor Kirchner, a 1/1,5%, y con Cristina Kirchner, a 0,8/0,9%. En la actualidad araña el 1%.

En el ranking de inversión en defensa del Banco Mundial, para encontrar a la Argentina conviene empezar por abajo: sobre 179 países ocupa el puesto 150. Es el que menos gasta de América del Sur. “Con el agravante de tener la séptima superficie del mundo, un espacio marítimo que triplica el territorial y 15.000 kilómetros de frontera”, advierte Bartolomé.

Rosario de quejas

Consultados por la nacion, oficiales de las tres fuerzas, en actividad y retirados, desgranaron un rosario de quejas: armamento vetusto e incluso vencido; tanques, cañones y transportes en el límite de su prestación; grave retraso tecnológico; falta de municiones; imposibilidad de llevar adelante cierto tipo de adiestramiento, y barcos que no pueden navegar y aviones que no pueden volar. A eso se suman bajos salarios y creciente deserción por falta de incentivos. Un experimentado piloto de la Fuerza Aérea acaba de seguir el camino de muchos de sus colegas: se fue al sector privado. Lo contrató Flybondi. La fuerza que consagró a sus cazadores en Malvinas, ahora los ve emigrar a las low cost.

La mayor reducción la ha sufrido el Ejército, que de más de 100.000 hombres hasta los años 80 pasó a 50.000 en la actualidad. “En relación con el territorio y la cantidad de población, debemos ser los más chicos de la región. Uruguay tiene un Ejército de 15.000 hombres para una población de 3 millones –dice el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Claudio Pasqualini–. No creo que haya mucho margen para seguir achicándonos”.

En la Armada sostienen que también ellos están perdiendo oficiales y suboficiales, pero que lo peor es el estado de la flota. Entre 2007 y 2016, se redujeron de 1000 a 300 los días de navegación por año, sencillamente porque la mayoría de las naves no está en condiciones de salir al mar. Sobre 58 buques, solo uno, la corbeta Espora, está operativo: hasta hace unas semanas seguía buscando el submarino San Juan. El resto padece limitaciones de todo tipo.

“Virtualmente, somos una fuerza naval que no puede navegar”, afirman en el Edificio Libertad, sede de la fuerza, cuyo diálogo con la cartera de Defensa quedó dañado después de aquella tragedia, ocurrida hace 9 meses por desperfectos que provocaron una explosión que hizo desaparecer la nave y sus 44 tripulantes.

“Nada grafica mejor el déficit de equipamiento que lo que le pasó al San Juan”, dice Fraga.

En la Fuerza Aérea, las horas de vuelo cayeron de 8000 a 1500 en 12 años. Por falta de aviones, “los oficiales que egresan de la Escuela de Aviación Militar tienen que esperar hasta tres y cuatro años para poder hacer el curso de piloto”, dice el general Del Valle Sosa. Un comandante que hoy hace una ruta internacional en Latam explicó por qué se fue de la Fuerza Aérea: “Es muy sencillo. Quería volar”.

Asonada digital

Sentado a la mesa de un bar en el microcentro porteño, un oficial en actividad y con cargo en un área clave presentaba, días atrás, las penurias que atraviesa el mundo de las Fuerzas Armadas. Y concluía: “Nos estamos quedando sin instrumento militar y hace rato que no tenemos una política de defensa”.

Sancionada hace 30 años, la ley de defensa respondía al mundo de la Guerra Fría y a hipótesis de conflicto, como Chile y Brasil, que ya no existen, sostienen diversos especialistas. Con el recuerdo de la última dictadura todavía fresco, la norma prohibió a las Fuerzas Armadas intervenir en conflictos internos, y la reglamentación de Garré en 2006 les puso un nuevo cepo, al limitar también su accionar frente a ataques externos. La consigna era clara: los militares, guardados en los cuarteles. Pero el siguiente mandato kirchnerista desoyó su propio decreto y en 2011 les abrió las puertas para que fueran a perseguir narcotraficantes a la frontera.

“Todavía no tenemos claro qué queremos que hagan las Fuerzas Armadas”, dice Jaunarena. Fraga sostiene que Macri, que había recogido el 86% del voto militar (según la habitual proyección del escrutinio en la Antártida), les puso diversos objetivos, más allá de la defensa de la soberanía territorial: van desde cooperación en el combate al narcotráfico y la defensa del medio ambiente hasta la lucha contra el terrorismo internacional. Eran tiempos de idilio. Pero pasaron dos años, no se cumplieron las promesas de reequipamiento y mejora salarial, y volvió la inquietud a los cuarteles, apunta Fraga.

Cuando el Gobierno anunció, el

29 de junio pasado, un aumento de

8% para el sector, contra el 15% de la administración pública, el mundo militar lo tomó casi como una provocación e hizo conocer su rechazo de una forma totalmente nueva: a través de las redes sociales, que el martes 3 de julio, después de publicarse el decreto con las cifras, estallaron con críticas y amenazas de juicios. Un “levantamiento digital”, bromeó alguien. La Casa Rosada tuvo que dar marcha atrás y llevar a 15% la suba, más un 5% de jerarquización.

En los altos mandos llamó la atención el contexto en que se produjo “el error del 8%”: justo cuando Macri se aprestaba a anunciar, formal y pomposamente, la derogación del decreto 727 y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, materializado en la puesta en marcha del Operativo Integración. Pésimo momento para decirles a los militares que eran, salarialmente, los últimos orejones del tarro.

Diferencias

Lo que aún hoy no está claro es el diseño de defensa del país. En tiempos de disrupción tecnológica, con soldados robots, ciberataques y drones de combate, Aguad dice que se va hacia unas Fuerzas Armadas “más chicas y ligeras, sin tanques ni cañones”. Habla de cambiar la organización, el armamento, la distribución en el territorio y los planes de estudio. “Lo que hoy necesita un ejército son muchos ingenieros”, resume.

Pero la doctrina vanguardista del ministro está siendo resistida en los propios cuarteles. “Ningún país está pensando en quedarse sin tanques ni cañones.dehecho,alemaniaestáaumentando el número de blindados”, replican, aunque también admiten que es hora de repensar todo.

“Hace 50 años que hacemos lo mismo: es obvio que tenemos muchas cosas por cambiar”, acepta el general Pasqualini, jefe del Ejército.

En el regimiento de Tartagal, un estupendo predio de 220 hectáreas, la crisis militar resulta una referencia lejana. Ubicado en el corazón de la exuberante selva montañosa conocida como yunga, está pletórico de actividad, cumple con el viejo lema de “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”, y es una suerte de semillero inagotable: este año, para 90 vacantes de soldados hubo 400 inscriptos.

De aquí partió la tropa que fue a custodiar la frontera. A priori, una misión mucho menos hostil en el terreno que en los debates a sangre y fuego de Buenos Aires.