Demoras de 20 meses en procesos de ciudadanía

para la ciudadanía estadounidense.

Si la agencia no responde oportunamente a la petición, los activistas no descartaron otras medidas legales, en el marco de la denominada “Campaña contra el Segundo Muro”, iniciada en julio pasado contra estas demoras.

La USCIS no ha respondido a una solicitud de comentario de La Opinión.

Según los activistas, algunos residentes legales llevan hasta 20 meses esperando una respuesta de USCIS, en lo que supone una especie de “segundo muro” que impone obstáculos a los inmigrantes en este país.

“La USCIS básicamente ha ayudado al presidente (Donald) Trump a crear un segundo muro a través de estas demoras, y está impidiendo que inmigrantes legales elegibles puedan naturalizarse”, dijo Josh Hoyt, de la “Alianza Nacional para Nuevos Americanos” (NPNA).

“La agencia debe rendir cuentas sobre estas interminables demoras en el procesamiento de solicitudes, y las personas afectadas merecen saber por qué está ocurrien- do y que se está haciendo al respecto”, agregó Hoyt.

Por su parte, Janet Murguía, presidenta de “UnidosUS”, antes el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), dijo que, tomando en cuenta que los residentes pagan $725 por cada solicitud, la adjudicación de sus casos debería ser “oportuna, justa y equitativa”, y la USCIS tiene que rendir cuentas por su lenta gestión.

Desde enero de 2016, la demora ha incrementado en más del 93%. Tan sólo en el último trimestre del año fiscal en curso, el retraso ha sido de 23,952 solicitudes en cola, que abultan el total a 753,352 solicitudes, indicaron.

Si la USCIS mantiene su ritmo actual, y suponiendo que no reciba nuevas solicitudes, le tomaría más de 25 años regresar al nivel de demora registrado en 2015 durante la Administración Obama, con un total de 380,639 solicitudes en cola, indicaron los activistas.

Las personas que siguen esperando una resolución de sus casos quedarán excluidas de los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre si la agencia no actúa antes. Además, cada estado tiene sus propios plazos y requisitos para inscribirse para votar.

En ese sentido, Peter Schey, del Centro para los Derechos Humanos y la Ley Constitucional (CHRCL), consideró que estas demoras son “obstáculos innecesarios” y constituyen “una forma de supresión del voto no muy bien camuflada”.

A través de FOIA, los activistas quieren la difusión de documentos internos para “arrojar luz sobre este programa encubierto e ilegal”, y para evaluar los siguientes pasos para poner fin al programa de supresión del voto por la Administración.

La solicitud de FOIA fue presentada por representantes de nueve grupos defensores de los inmigrantes, incluyendo la NPNA, UnidosUS, CHRCL, CASA, CHIRLA, OneAmerica, Mi Familia Vota, y Michigan United.

Alcaldes, liderados por el de Chicago (Illinois), Rahm Emanuel, enviaron una carta al director de USCIS, Lee Francis Cissna, exigiendo la agilización en el procesamiento de solicitudes.l