La Asamblea Nacional venezolana (AN) decretará hoy el «estado de alarma» para afrontar las consecuencias de un apagón que no termina de resolverse y que, según Juan Guaidó, ha provocado al menos 17 muertes de enfermos de diálisis en los hospitales venezolanos. Según el líder parlamentario a quien EEUU y 50 países reconocen como «presidente encargado», los decesos podrían triplicarse.
Pero la AN ha sido declarada en desacato por el Tribunal Supremo. Su decreto, por lo tanto, no tiene más efectos que el político. Por eso Guaidó ha convocado a la sociedad a volver a salir a las calles en todo el país. «La luz llegó tres horas y se fue. Siguen 16 estados absolutamente apagados y parcialmente hay luz en 8, que viene y se va», afirmó.
Aunque las autoridades estatales informaron sobre un gradual restablecimiento del servicio, el líder parlamentario sostuvo que el domingo funcionaban algunas salas de emergencias y unidades de cuidado intensivo. La falta de electricidad, sostiene la oposición, afecta a gran parte 129 unidades de diálisis. Estos centros prestan asistencia a 10.200 personas, algunos de los cuales llevan ya dos días sin poder recibir tratamiento. «Estamos frente a una catástrofe. Ha habido 17 asesinatos, no puedo llamarlo muertos. La cifra puede superar a los 40. Tenemos 15.000 pacientes renales en riesgo que necesitan insulina», insistió Guaidó. Las pérdidas económicas, ha calculado la AN, superan los 400 millones de dólares, sin contar a la industria petrolera.
La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, informó que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se encuentra «trabajando para resolver lo más rápido posible el derecho a la electricidad y los servicios que de ella dependen, como el agua y el metro». Durante los días en los que casi el 80% del territorio estuvo en penumbras «el pueblo ha respondido en paz», subrayó.
La pérdida de alimentos, la falta de transporte y la ausencia de internet y transacciones bancarias fue asumida por los venezolanos con resignada aceptación. «Pensaban que nos íbamos a pelear entre nosotros, pero nuestro pueblo ha salido a caminar, ha salido a recrearse; hay una situación de estrés, pero no es un estrés que va a generar acciones de violencia», insistió Farías.
Nicolás Maduro calificó de una «nueva emboscada» de Estados Unidos lo que definió a la vez como un «ataque eléctrico» y «ciber«Señores nético», el «más grave que haya recibido cualquier país de América Latina en la historia». El atentado en Guri, una de las mayores represas generadoras de energía de la región, fue realizado por «infiltrados».
Como era de esperar, Guaidó no aceptó las explicaciones del Gobierno. «Hay falta de mantenimiento preventivo. El guioncito que escribieron es trillado. La versión del hackeo también es absurda porque el sistema es analógico (no está computarizado). No pueden decir lo que está pasando porque los inculpa». LLAMAMIENTO A LOS MILITARES Las escenas de una Venezuela sin luz, especialmente por la noche, se han convertido para el antimadurismo en un documento inequívoco de la necesidad del cambio político. «Regresamos a 1920», señaló Guaidó. El «presidente encargado» insistió subrayar que la salida del poder de Maduro solo será posible si los militares toman cartas en el asunto. de las Fuerzas Armadas es el momento, no hay excusas», afirmó.
El madurismo ha tratado de responder también en la calle llamando a defender «la revolución bolivariana». «Este episodio es resultado de la destrucción sistemática del país en dos décadas, pero también el inicio de una nueva dimensión de deterioro, que vendrá acompañada por la radicalización de las partes, agudización de sanciones y protestas y recrudecimiento de la represión y censura», profetizó el analista Luis Vicente León. Los chavistas disidentes creen que la situación de ingobernabilidad no da para más.
El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, sostuvo ayer que no cree en la violencia ni en la intervención militar para resolver conflictos y ha instado a la comunidad internacional a retomar «el camino de promover diálogos, acuerdos y consensos» en Venezuela.
Las pérdidas
superan los 400 millones de dólares, sin contar a la industria petrolera, según la AN