El atentado contra Maduro ahonda la persecución a la oposición

Decenas de venezolanos aguardan a entrar en Colombia por el puente internacional Simón Bolívar, el miércoles en Cúcuta. El supuesto atentado con unos drones cometido el sábado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenaza con convertirse en una coartada del régimen chavista para ahondar en su persecución de los opositores. Tras la detención del diputado de Primero Justicia Juan Requesens, y la orden La Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, celebró el miércoles una sesión especial para levantar la inmunidad parlamentaria de Julio Borges y Juan Requesens, acusados de supuestamente participar en el atentado. El presidente del organismo, Diosdado Cabello, avisó al final de la sesión: “Estos son los dos primeros que aparecen señalados. La investigación sigue. A todo aquel que esté involucrado le llegará la justicia. Viene la justicia, y viene con todo”. Cabello había dicho ya de arresto contra Julio Borges, expresidente del Parlamento exiliado en Bogotá, la oposición teme un nuevo proceso represivo que permita cierta estabilización del mandatario. “La investigación sigue. Viene la justicia, y viene con todo”, ha advertido Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y hombre fuerte del régimen. que cinco diputados más son investigados por supuestos vínculos con la conspiración para asesinar a Maduro, que presidía un desfile militar cuando fueron lanzados dos drones con explosivos, según las autoridades, que estallaron en una avenida y contra un edificio sin afectar al presidente.

Fuentes cercanas a las negociaciones que buscaron un acuerdo entre la oposición y Maduro en República Dominicana a comienzos de este año destacan que al dirigente opositor Borges se le había advertido sobre las consecuencias que acarrearía no firmar un pacto y aumentar la presión diplomática sobre el chavismo con vista a las elecciones presidenciales que ganó finalmente Maduro en mayo. Finiquitadas sin éxito las jornadas de diálogo en Santo Domingo, el máximo líder de Primero Justicia no regresó a Venezuela y sacó a su familia del país rumbo a Bogotá.

“El régimen de Maduro lo único que tiene en este momento para sostenerse es la fuerza bruta El Parlamento, en manos de la oposición pero anulado por la Asamblea Constituyente chavista, convocó ayer una sesión para expresar su solidaridad con Julio Borges y Juan Requesens. El organismo ya ha comunicado la detención del diputado al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de Estados Americanos. “Lo que le ha pasado a Requesens le puede pasar a cualquiera de nosotros”, afirmó Manuela Bolívar, de Voluntad Popular. Marcos Las filas opositoras creen que el régimen va a cargar contra dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular, dos formaciones relativamente recientes y de cierto arraigo, aunque muy golpeadas por la persecución política y los fracasos recientes de la oposición. Buena parte de los miembros de estas formaciones ya se ha exiliado en Colombia. El país vecino se ha convertido en el blanco de todas las críticas de Maduro, que ha acusado directamente al ya expresidente Juan Manuel Santos de ser uno de los instigadores del atentado.

Dos diputados que están en el punto de mira del régimen, según varias fuentes, son Juan Manuel Olivares e Ismael García, de Primero Justicia, al igual que los hermanos Juan Pablo y Tomás Guanipa, este último secretario general de la formación. La policía política, según denuncian los hermanos Guanipa, ha estado merodeando en los alrededores de su casa. La oposición teme que el régimen también pueda apuntar a Juan Andrés Mejía, Gaby Arellano y Carlos Paparoni, diputados y de la dirección nacional de Voluntad Popular; su líder, Leopoldo López, está en arresto domiciliario tras pasar por la cárcel.

Luis Florido, de esta última formación, como otros portavoces de la oposición, no da ningún crédito a las acusaciones de Maduro: “Lejos de salir corriendo, nosotros nos mantenemos acá firmes. No hay nada que ocultar. Yo no tengo dudas de que el régimen profundizará la represión con la tesis del magnicidio”, asegura. Las fuerzas de seguridad han detenido a seis supuestos autores y la fiscalía asegura que vincula con el ataque a 19 personas.

Florido considera que la dirección opositora debe rearmarse con urgencia, mientras que sectores sindicales, políticos y sociales ya han aprobado la convocatoria de una huelga general por la grave situación económica.