El cautiverio de los migrantes de Venezuela

La cárcel es el destino en Trinidad y Tobago para los venezolanos que llegan indocumentados o solicitan asilo ante la grave crisis de su país

• El País (América)
• 29 May 2019
• MAOLIS CASTRO,

Un día Yasmín Juáres creyó que su nacionalidad pesaba como una maldición. Había viajado a Trinidad y Tobago para visitar a su esposo y su hijo, pero fue detenida por un oficial del aeropuerto internacional de Piarco que le informó de que no pisaría la isla. Estaba con otros venezolanos que también deportaron dos días después por considerarles persona non grata. Todavía recuerda la fecha con pena: 8 de noviembre de 2017. Los deportaron tras mantenerles 48 horas en un hotel, custodiados por un policía y sin acceso a alimentos. “Me sentí espantada. ¿Cuál era nuestro pecado?”, relata.

El sobresalto peor llegó unos meses después. Su hijo José Rafael Silva, un DJ de 20 años, cayó arrestado en una redada policial por estar de forma ilegal en ese país. Tampoco olvida ese día, el 3 de abril de 2018, porque fue el inicio de un calvario de casi un año. No tenía los 1.500 dólares para cancelar la multa y conseguir su liberación. “Nos decían que había muchos inmigrantes. Por eso teníamos que pagar, pero nuestros bolsillos estaban vacíos”. Juáres dice que ofrecieron la mitad del dinero a la corte, pero se sintieron “ofendidos” y no aceptaron ese monto. Su excarcelación fue en febrero. Pero todavía decenas de venezolanos están detenidos por motivos migratorios en las islas. No hay precisión en la cifra. Según la abogada Karla Henríquez Lozada, consejera diplomática del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos, son 207, aunque el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, indica que son 89.

Henríquez denuncia que, al menos, cuatro adolescentes fueron deportados el sábado. La abogada está centrada en el caso de Jonathan Mora Mora, de 15 años, que fue devuelto a Venezuela sin, supuestamente, el consentimiento de su representante. “No fueron entregados a ninguna autoridad, sin dinero para comida y traslado, en Caracas, una ciudad que no conocen porque son de Tucupita (oriente venezolano). La responsabilidad recae sobre la aerolínea Caribean, Inmigración y el Gobierno de Venezuela”, dice.

Trinidad y Tobago no esperaba la entrada en estampida de sus vecinos. Son más de 40.000 migrantes venezolanos en una nación con 1,4 milones de habitantes. La mayoría navegó en botes con la idea de espantar la miseria. Para Cruz Del Nardo Veliz, un fotógrafo de 22 años, es espinoso desembolsar 300 dólares para liberar a su novia Ennymar Idrobo Velandia, una peluquera que obtuvo un certificado de aspirante a asilo emitido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ni ese documento sirvió cuando fue capturada por policía, en enero. Le preocupa que el encierro en el Centro de Detención de Inmigrantes (IDC, por sus siglas en inglés) ha afectado la esquizofrenia de su pareja.

La ley trinitaria es restrictiva con los solicitantes de asilo. Francisco Marín, un periodista detenido en abril, escuchó cuando un comisario ordenó a sus oficiales ignorar la condición de asilados. “Él tomó mi carnet de refugiado y lo mostró a unos 25 policías. Después dijo: ‘Si a ustedes les presentan algún documento de las Naciones Unidas, tengan claro que los jefes somos nosotros, como Gobierno, y esto no tiene validez”, afirma.

Fue detenido cuando iba a un supermercado. En la patrulla policial había otros dos venezolanos.

El territorio no esperaba la llegada masiva de sus vecinos en bote

Hay más de 40.000 venezolanos en un país de 1,4 millones de habitantes

Los llevaron a una cárcel común en Point Fortín, donde estuvieron cuatro días en una celda de dos metros de largo y dos de ancho. Francisco se sentía humillado. Sólo había un sanitario dentro de ese espacio para todos los prisioneros y dormía sobre el concreto. Estaba aturdido por los gritos de otros reclusos, ninguna autoridad atendía sus peticiones.

Su testimonio es parecido al de Yasmin Juáres que durante la detención de su hijo denunció ante instancias de Caracas las condiciones de los migrantes. “En Trinidad, los venezolanos presos no tienen derecho a nada, ni siquiera a llamadas telefónicas”, dice. El Gobierno de Nicolás Maduro guarda silencio frente a estas denuncias. Pero el diputado Valero acumula cada vez más expedientes de excesos contra los migrantes venezolanos. Su interés surgió después del reclamo de Acnur al Gobierno de Keith Rowley por violar la legislación internacional al deportar a 82 venezolanos, en abril de 2018. De ese grupo unos 25 tenían estatus de refugiados.

“Hablamos de cacería de venezolanos. Los perseguían, detenían unos días en una comisaría, llevaban al IDC y empezaba un proceso jurídico en el que imponían unas multas que oscilaban entre 500 y 2.000 dólares en moneda trinitaria. Tras pagar, si no tenían un boleto de retorno tampoco ocurría la liberación. Esto último nos pareció irracional porque no tiene sentido mantener a una persona en ese sitio, contra su voluntad y hasta de manera hasta salvaje”, explica Valero.

Cacería

El diputado destaca que hubo una flexibilización de la política migratoria porque entre el 31 de mayo y el 14 de junio el país anglosajón emitirá una tarjeta para regularizar el estatus de los venezolanos durante el período limitado. Después de ese proceso el primer ministro Rowley podría ser inclemente con los migrantes que no ingresen por puertos autorizados o los que infrinjan la ley. “Los problemas de los venezolanos son de ellos. Somos un país humano, nos importan y ayudamos, pero la ayuda que Trinidad y Tobago puede ofrecer debe ser limitada. Esta pequeña isla no puede dar la solución para los cientos de miles de emigrantes”, dijo. En contraste, el mandatario respalda al régimen de Venezuela, motivado por un acuerdo de cooperación gasífera.

En las costas de Güiria, en el Estado oriental de Sucre, unos 57 venezolanos están desaparecidos. Se trata de los tripulantes de los botes Jhonnaly José y Ana María. El primero zarpó a finales de abril con destino a Trinidad y Tobago, el exceso de peso pudo hundir a la embarcación. Las sobrevivientes relataron que se salvaron porque nadaron hasta tierra o se aferraron a envases de plástico hasta que se produjo el tardío rescate.

En menos de un mes, el 16 de mayo, otra embarcación clandestina con 33 personas desapareció. Solo un hombre fue rescatado. Los familiares del resto de los tripulantes de la embarcación esperan en el muelle de Güiria información sobre su paradero, pero no existen rastros.

Un informe de Acnur indica que el 79% de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago entró en barcas. Hasta hace dos o tres años, la mayoría lo hacían en avión, pero el agravamiento de la crisis y la desesperación convirtieron en la principal opción a las pequeñas embarcaciones, que suelen navegar de forma ilegal.

La legislación trinitaria resulta restrictiva con los demandantes

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