El Gobierno brasileño no descarta cerrar la frontera con Venezuela para frenar en seco la llegada de inmigrantes del país vecino. Esa indecisión ha tensado aún más el debate sobre la inmigración en el norte del país, que ya estaba exaltado tras el ataque,
El Gobierno brasileño ha elegido no calmar las tensiones provocadas por la inmigración venezolana. Después de que miles de vecinos de Pacaraima, un pueblo de 12.000 habitantes fronterizo con Venezuela en el Estado de Roraima, incendiasen el sábado un campamento de inmigrantes sin techo, atacasen a 700 de ellos y expulsasen a otros 1.200, el brazo derecho del presidente Michel Temer, el ministro Carlos Marun, aseguró el lunes que no descartaba cerrar temporalmente la frontera con su asfixiado vecino del norte. “De momento, vamos a seguir el sábado, de miles de habitantes de un pueblo fronterizo a un campamento de venezolanos. Mientras en el norte varios candidatos a las elecciones azuzan la xenofobia de las regiones más saturadas por la inmigración para ganar votos, algunos juristas alertan del peligro de incitar al odio.
la legislación y no vamos a cerrar las fronteras”, contaba ayer a EL PAÍS el secretario nacional de Seguridad Pública, Flávio Basílio.
La idea procedía de algunos políticos —los más xenófobos— de Roraima y al no rechazarla de plano, el Gobierno ha dado alas a quienes fomentan la confrontación. La posibilidad de cerrar la frontera es siempre, en opinión de varios juristas, remota porque viola el derecho internacional y aún dentro del propio Gobierno, el ministro de Seguridad Institucional tildó tal posibilidad de “impensable”.
Pero el hecho de no respaldar esa posición oficialmente favorece a ciertos aliados políticos del presidente, que hacen campaña electoral preguntándose cuántos inmigrantes venezolanos caben en el país.
La respuesta varía según dónde se mire. En Pacaraima, la población inmigrante suma 3.000 habitantes, el 25% del pueblo. Por su frontera han entrado 127.778 venezolanos entre enero de 2017 y junio de 2018. De ellos, 68.968 han vuelto pero no consta que lo hayan hecho los otros 58.810. Un buen número se ha quedado en El ataque del sábado fue el peor en lo que va de año en Roraima, pero no ha sido el único. En febrero, un hombre fue acusado de incendiar la casa donde vivían 14 adultos y un niño de 3 años. Otro, de lanzar una bomba a la casa donde se alojaban 31 inmigrantes. En marzo, 300 brasileños echaron a 200 venezolanos de un albergue y quemaron sus posesiones. La gobernadora Suely Campos firmó a principios de mes un decreto para restringirles el acceso a algunos servicios públicos. Roraima, uno de los Estados más pobres y desatendidos del país; donde los servicios públicos, sobre todo el sanitario, ya estaban obsoletos y saturados antes de que la crisis económica venezolana llevase a familias enteras a colmar las salas de urgencias, las peticiones de ayudas públicas y, casi literalmente, las calles.
Presencia nacional
La proporción no tiene nada que ver con el contexto nacional. En el resto de Brasil, de 208 millones de habitantes y la quinta mayor extensión geográfica del mundo, la presencia venezolana es más testimonial. El Gobierno central, que se había comprometido a distribuir a los inmigrantes llegados a Roraima, lo ha hecho de cientos en cientos. Frente a los 50.000 que hay en Roraima, el Estado más rico, que es São Paulo, apenas acoge a 212. Y ello pese a registrar un Índice de Desarrollo Humano (indicador que mide el estado de la educación, la sanidad y la pobreza de una región) un 20% mayor que el de Pacaraima.
Esa disparidad ha servido como caldo de cultivo para la xenofobia roraimense. Y esta, a su vez, ha alimentado la política de ciertos mandatarios locales. La gobernadora, Suely Campos, hace tiempo que declaró la guerra política a los inmigrantes. Les ha intentado prohibir el acceso a los hospitales públicos y de hecho, ya había pedido el cierre de la frontera con anterioridad (que le fue denegado). La nueva propuesta, no obstante, viene de su rival: el senador Romero Jucá, también presidente del Movimiento Democrático Brasileño, el partido de Temer y uno de los aliados más poderosos del presidente.
Jucá busca su reelección en octubre como miembro del Senado. Tras lograr unos resultados endebles en las encuestas de intención de voto (un 25%) ignorando a los inmigrantes, muestra ahora una disposición mayor a alimentar el voto xenófobo: ha prometido fomentar la repatriación y ha pedido el cierre de las fronteras. La respuesta no debería ser diferente de la que recibió Campos, pero gracias a su influencia en el Gobierno, el resultado es el opuesto. Ha logrado convertir a los miles de inmigrantes en lo que no han sido hasta ahora, material políticamente rentable.
en lo político, alejará a Brasil de países que considere “gobernados por dictadores de izquierdas” y, en lo económico, seguirá una lógica trumpiana: dar prioridad a los acuerdos bilaterales frente a pactos con grandes bloques, como Mercosur o la UE. Pero, como recuerdan estos diplomáticos, Brasil no es un gran agente global y esta mentalidad podría conllevar graves pérdidas en inversiones. “Esa incertidumbre es lo que más nos preocupa”, valora uno ellos. El candidato preferido de los diplomáticos entrevistados para plantarle cara es Geraldo Alckmin, favorito de los mercados y de los partidos del centro. En la misma encuesta que le daba a Bolsonaro un 18% de intención de voto, él recibía un 5%. Si gana, coinciden, las relaciones exteriores brasileñas cambiarán “muy poco”.