Trump quiere cerrar la frontera con México para frenar la caravana
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octubre 22, 2018Por MIRIAM JORDAN , CAITLIN DICKERSON y MICHAEL D. SHEAR 22 de octubre de 2018 Nytimes.com
TUCSON, Arizona — El gobierno de Donald Trump está sopesando un conjunto de nuevas políticas que espera que desalienten a los centroamericanos que viajan hacia el norte, a dos semanas de las elecciones intermedias.
Cada una de las políticas, que varían desde una nueva forma de la ampliamente criticada práctica de separación familiar a requisitos más estrictos para solicitar asilo, enfrentarían retos legales y logísticos significativos. Sin embargo, la Casa Blanca presiona fuertemente a las autoridades migratorias federales para encontrar una solución para asegurar la frontera suroeste.
La Patrulla Fronteriza detuvo a 16.658 personas en unidades familiares en septiembre, una cifra récord, según datos gubernamentales aún no publicados obtenidos por The New York Times. El número total de familias que ingresaron a Estados Unidos en el año fiscal 2018, el cual concluyó el 30 de septiembre, excedió 100.000 por primera vez en los últimos años.
El aumento repentino ocurre aun cuando el número total de cruces fronterizos, incluidos los de adultos y niños que viajan sin compañía, permanece muy por debajo de las cifras vistas a finales de la década de los noventa y principios de la de los dos mil.
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La frustración del presidente Trump se reavivó esta semana con la noticia de la caravana de miles de solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica que se dirigen a Estados Unidos. El mandatario amenazó en Twitter con llamar a los militares y cerrar la frontera sur si México fracasaba en detener la “embestida” de migrantes.
Una serie de reuniones intensas a puerta cerrada entre funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Departamento de Estado comenzó poco después de que la indignación pública obligara al presidente estadounidense en junio a dejar de separar a las familias migrantes cuando eran detenidas, a menudo a cientos o miles de kilómetros de distancia, como una medida para desalentarlos en su viaje a Estados Unidos.
Quienes están detrás del enfoque de separación de familias han trabajado arduamente en alternativas, de acuerdo con personas enteradas sobre los esfuerzos del grupo. Su objetivo es anunciar un plan antes de las elecciones intermedias de noviembre que pueda soportar los desafíos legales que detuvieron los intentos previos de este gobierno.
El encargo para el grupo de parte de la Casa Blanca es simple y explícito: remplazar lo que el gobierno describe como “capturar y soltar”, la práctica de liberar a migrantes detenidos mientras esperan a las audiencias en el corte.
La alternativa más discutida sería una variación de la política de separación familiar. Los padres serían obligados a elegir entre someter voluntariamente a sus hijos al cuidado del Estado de manera temporal o permanecer detenidos juntos como una familia. La última opción requeriría de que los padres renuncien al derecho de sus hijos a ser liberados después de veinte días.
El objetivo de esta opción, conocida como una “elección binaria”, sería “maximizar la disuasión y las consecuencias para las familias”, de acuerdo con una persona familiarizada con la agenda de una de las reuniones de funcionarios.
Otra idea en consideración es agilizar los casos legales de familias migrantes y procesarlas con base en un principio conocido como “primero en entrar, primero en salir” —por orden de llegada—, con la esperanza de hacer llegar a Centroamérica la idea de que quienes cruzan la frontera son rápidamente deportados.
El grupo de trabajo también considera fortalecer el estándar de prueba en casos de asilo, un estándar que ya había sido elevado durante el gobierno de Donald Trump, para monitorear a más familias durante la primera etapa del proceso, conocida como la entrevista de “miedo creíble”. Las últimas dos ideas que son discutidas son extender el uso de monitores de tobillo con GPS e inmediatamente arrestar a cualquiera que reciba una orden de deportación para asegurarse de que abandone el país.
Funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Interna declinaron discutir los próximos planes del gobierno para la seguridad fronteriza. Katie Waldman, una vocera del Departamento de Seguridad Interna, dijo en una declaración que “ante la ausente acción del Congreso, el departamento examina todas las opciones para garantizar la seguridad en la frontera”.
Con las elecciones intermedias a dos semanas, Trump y los candidatos conservadores están ansiosos por atraer a votantes mediante una nueva política de línea dura sobre inmigración.
Sin embargo, el intento de principios de año de Trump de imponer una política de tolerancia cero en la frontera y con el que más de 2500 niños inmigrantes fueron separados de sus padres generó imágenes indignantes —y políticamente dañinas— de niños pequeños llorando y adolescentes detenidos detrás de cercas de malla ciclónica.
La indignación mundial obligó la extraña retirada en un tema que dominó la agenda presidencial desde que asumió el cargo. Sin embargo, detrás de puertas cerradas en Washington, los esfuerzos para desalentar la migración han continuado.
Cualquier nueva política que el gobierno adopte debe navegar a través del complejo terreno de la ley federal y decretos de consentimiento de las cortes que restringen las condiciones de las detenciones de migrantes.
Convocados por primera vez en 2017 para llevar a cabo las promesas de campaña del presidente, el grupo de trabajo sobre migración está formado por entre veinte y treinta funcionarios. Trump ha discutido el trabajo del grupo en llamadas regulares con Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, varias veces cada semana.
Desde julio, poco después de que la política de separación familiar fue revocada, el grupo de trabajo ya se había enfocado en varias ideas.
Entre ellas estaba la propuesta de la elección binaria. De inmediato surgieron dudas sobre si la política sería legalmente defendible. Incluso si la elección binaria soportara el escrutinio de la corte, podría no funcionar logísticamente, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Seguridad Interna involucrado en crear el borrador de la política, quien no estaba autorizado para discutir las deliberaciones públicamente y habló con la condición de permanecer en el anonimato.
Algunos se preguntaron si un programa piloto podría ser creado para ayudar a establecer que recursos serían necesarios si fuera ampliado a lo largo de toda la frontera. El grupo discutió comenzar el piloto en el Centro Residencial del condado Karnes, cerca de San Antonio, Texas, una de las tres instalaciones en Estados Unidos en la que padres e hijos pueden estar detenidos juntos.
El funcionario dijo que los representantes de Seguridad Interna habían advertido al grupo de trabajo que la mayoría de los padres que enfrentan una decisión como esa elegirían permanecer con sus hijos y, como resultado, las instalaciones para detenciones familiares rápidamente se quedarían sin espacio.
Los tres centros familiares residenciales operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —dos en el sur de Texas, uno en Pensilvania— pueden recibir a 3326 padres e hijos. Los representantes de Seguridad Interna advirtieron que, cuando la capacidad sea alcanzada, el gobierno se vería obligado a liberar familias: un regreso a la situación actual.
El grupo de trabajo también consideró acelerar los casos de migrantes en las cortes. Sin embargo, históricamente, ese enfoque conocido como “expediente cohete” (rocket docket) no ha funcionado para la disuasión. El intento del presidente Barack Obama para acelerar los casos de niños migrantes que cruzaron la frontera sin compañía de un adulto aportaron pocos beneficios.
No obstante, una ola de contrataciones de jueces migratorios durante el gobierno de Donald Trump podría hacer el proceso más rápido y potencialmente más efectivo, así que esa alternativa todavía podría ser implementada.
Las tres ideas finales en revisión —dificultar la solicitud de asilo, extender el uso de monitores de tobillo con GPS y acelerar el cumplimiento de órdenes de deportación— también conllevan riesgos potenciales.
Los monitores de tobillo tradicionalmente son usados para rastrear a migrantes durante unos meses después de que cruzaron la frontera. La nueva propuesta requeriría que los dispositivos fueran usados durante la duración total de los casos migratorios, los cuales duran en promedio unos dos años en emitir un fallo —un periodo muy largo para tener que usar tal dispositivo—. La propuesta requeriría más fondos, debido a que se necesitaría una cantidad mucho más grande de monitores de tobillo.
La propuesta final llama a cambiar los procedimientos actuales de deportación, a través de los cuales los migrantes reciben una fecha en la que deben abandonar el país o reportarse ante una oficina de migración para ser deportados. Los funcionarios de Seguridad Interna alertan de que intentar deportar a las personas de inmediato podría dejar a niños varados si sus padres dejan el hogar para ir a la corte, por ejemplo, y nunca regresan a casa. La política también podría desalentar más a la gente a presentarse ante la corte.
En una entrevista en el momento crítico de la controversia por la separación familiar a mediados de este año, Stephen Miller, el asesor sénior del presidente sobre temas migratorios, dijo que los votantes apoyarían los esfuerzos para usar la mano dura en la frontera. “Tengo confianza absoluta, como la tiene el gobierno entero, en que el pueblo estadounidense quiere que tengamos una frontera completamente segura con consecuencias predecibles para el ingreso ilegal”, dijo.
De una manera o de otra, la llegada de miles de familias migrantes afectará de manera inevitable las contiendas políticas en estados fronterizos como Arizona. Estos días, las estaciones de autobús en Tucson están saturadas con recién llegados y los refugios están tan llenos que algunos migrantes son registrados en moteles locales.
“Cada día, cada cama ha sido tomada en las últimas semanas”, dijo Gretchen López, quien administra el Inn, un refugio para migrantes en el sótano de una iglesia metodista en Tucson. “No veo indicios de que disminuya”.
Miriam Jordan reportó desde Tucson, Arizona; Caitlin Dickerson, desde Nueva York, y Michael D. Shear, desde Washington. Ron Nixon colaboró con este reportaje desde Washington y Manny Fernandez, desde Houston.
