La represión y la tortura del régimen de Nicolás Maduro contra los presos políticos ha aumentado tras la visita que hizo a Venezuela la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hace dos meses. Y en un hecho macabro, que intenta ser irónico, las fuerzas de seguridad instalaron en su honor las denominadas “puertas Bachelet”, un régimen que empeora la situación carcelario de opositores y disidentes.
Según denunció la diputada opositora Delsa Solórzano, “han instalado unas puertas especiales a las que llaman Bachelet”. Los carceleros, cuenta la legisladora, les gritan a los presos: “¿Querías a Bachelet?, ahí la tienes”, apuntando a puertas metálicas herméticas a las que “les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida”.
En realidad en los tres días que estuvo en junio pasado en Caracas, Michele Bachelet no visitó las cárceles, aunque el régimen las remozó y pintó para intentar limpiar los graves hechos que allí se producen contra los actuales 550 presos políticos.
Sin embargo, el informe de Bachelet fue demoledor. No solo sobre la tortura y la violación sistemática de los derechos humanos en las prisiones, sino también sobre la gravedad de la crisis económica, política y social, que sufren los venezolanos. Este informe oficial ha sido negado por el régimen de Maduro, calificando su documento de “falso y mentiroso”.
Bachelet ha dejado abierta una oficina en Caracas con dos delegados suyos de las Naciones Unidas, pero hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento sobre la supervisión y el seguimiento de los casos denunciados posteriores a su visita.
El nuevo método de tortura fue notificado por los abogados y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de defender a unos 40 y 50 civiles y militares que se encuentran detenidos en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, norte de Caracas.
Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, también han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Estas nuevas celdas de máxima seguridad, bautizadas como “Bachelet”, tienen 2 de ancho por 2 de largo, y carecen de ventilación. No tienen rejas, sino una puerta metálica con una pequeña ranura o rendija por donde se les pasa la comida.
La diputada Solórzano afirmó que a los presos de la DGCIM los mantienen esposados “todo el día y sólo les quitan las esposas para comer”. Las celdas donde están recluidos no tienen luz solar, y el pozo séptico se encuentra dentro de ellas. “En el mismo lugar comen. Todo a través de las puertas Bachelet”, señala.
En su informe, publicado el 4 de julio pasado, Bachelet señaló a la DGCIM como uno de los cuatro cuerpos de seguridad donde se cometen torturas y otros tratos crueles, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Los otros son el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y la cárcel militar de Ramo Verde.
Solórzano dijo que teme por la vida de los militares Humberto De La Sotta, Igber Marín Chaparro y Ruperto Molina, al igual que Carlos Marrón (dueño de la página web Dólar Pro), ya que “llevan más de un mes sin ser vistos por familiares ni abogados”.
“No se puede guardar silencio ante tanto horror. Tan solo la emisión de un informe, por contundente que este sea, no basta. Urge el pronunciamiento y acción internacional sobre este tema que obligue al cese de las torturas”, reclamó Solórzano, presidenta de la Comisión parlamentaria de Justicia y Paz. ■