La nueva ruta electoral planteada para permitir una transición política en Venezuela pretende ser sin Nicolás Maduro como candidato. La idea no es ya sólo una exigencia de la oposición venezolana, sino una propuesta de los mismos mediadores que participan de las conversaciones que se llevan a cabo en Barbados entre delegados de Nicolás Maduro y los enviados de la «encargaduría» de Juan Guaidó. Fuentes cercanas a las negociaciones confirman a LA RAZÓN que la motivación de Noruega es que cualquier escenario que se apruebe signifique ante todo un cambio, una salida a la situación actual, aunque tras los comicios se mantenga el chavismo gobernando por decisión popular. La delegación de Maduro no ha reaccionado a la idea, pero tampoco ha cerrado la posibilidad de que una candidatura chavista se concrete con Diosdado Cabello, su segundo hombre fuerte y quien encabeza la asamblea constituyente, o el gobernador Héctor Rodríguez, protegido de Hugo Chávez y figura joven que apela a posiciones moderadas.
Pero determinar si Maduro puede postularse no es apenas el último punto de la agenda. El propio gobernante habló de seis el pasado lunes, sin detallarlos. LA RAZÓN ha podido conocer que son: cronograma electoral para un máximo de nueve meses, elecciones con nuevo Consejo Nacional Electoral, cese de la asamblea constituyente, reincorporación del chavismo a la Asamblea Nacional y levantamiento de sanciones que afectan a la economía.
El objetivo fundamental de los encuentros en Barbados es lograr unas elecciones en 2020, preferiblemente antes de vencer el primer cuatrimestre del año. Es más, construir un cronograma electoral claro que genere compromisos institucionales, pues para los mediadores el asunto es «urgente», especialmente después de la publicación del informe sobre la situación de los derechos humanos en el país de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Esas elecciones tendrían que ser con observación e incluso supervisión de instancias internacionales durante todo el proceso, con invitaciones giradas por las partes en conflicto para evitar que solo sean convocados «amigos» de unos u otros.
Durante las tres primeras rondas de encuentros se discutió qué cargos elegir. El chavismo se ha mostrado abierto a convocar elecciones presidenciales, pero ha exigido que el Parlamento, que controlan sus adversarios con una mayoría desde 2016, también sea renovado. La oposición no se ha mostrado reacia a este punto (el período legislativo vence a finales de 2020), pero puso sobre la mesa la continuidad de la asamblea constituyente que se ha abrogado sus competencias mientras los diputados están impedidos de ejercer sus funciones.
Como «fundamental» está siendo tratada por la oposición la renovación del Consejo Nacional Electoral, cuyas autoridades son consideradas como plegadas a los designios de Nicolás Maduro. Esa renovación del Poder Electoral se exite que sea compleata, no solo de su directiva, sino de cargos clave como la dirección de informática o de registro electoral, además de las jefaturas regionales. Es un punto de honor que el oficialismo desestima de momento, pues son las mismas autoridades que estaban en funciones cuando el antichavismo ganó las parlamentarias y algunas gobernaciones y alcaldías. Para renovarlo, haría falta que el oficialismo retome sus escaños en la Asamblea Nacional, para lo cual se podrían negociar cambios en la institución que encabeza Guaidó.
La delegación de Maduro mantiene como tema prioritario el levantamiento de las sanciones internacionales que les impide controlar la economía, así como mejorar la situación de la industria petrolera. El Gobierno no quiere quedarse sin dinero y le está costando mantener la estabilidad sin flujo de caja. También han planteado como punto de honor que el gobernante se mantenga al frente del Estado hasta que surja un ganador de la puja electoral; es decir, que no haya el «cese de la usurpación» que reclama Guaidó.
La oposición ha pedido la liberación de los presos políticos. El gobierno ha respondido que muchos encarcelados están procesados por delitos comunes. Una propuesta hecha por los opositores es delegar en la misión que dejó Bachelet en Caracas el estudio de cada caso, en base a los delitos imputados, así como las condiciones de arresto y de cautiverio. Hoy será la última jornada de encuentros en esta ronda de conversaciones en Barbados, donde la oposición ha repetido su delegación con Gerardo Blyde, Fernando Martínez Mottola, Stalin González y Vicente Díaz. El Gobierno de Maduro mandó a su canciller, Jorge Arreaza, a su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, y al gobernador Héctor Rodríguez.
Las conversaciones están enmarcadas en el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de la ONU, que deja muy mal parado al régimen chavista por perseguir, reprimir y torturar a la oposición, además de por haber constituido escuadrones de la muerte tanto formales –como las FAES– como irregulares –los colectivos–. Antes de iniciar los cara a cara, se evaluó el impacto en términos de apoyos internacionales para Maduro y, también, los posibles cambios que ocurran en países que se han mantenido «neutrales».
En Barbados, los mediadores están encabezados por Dag Nylander, un diplomático que fue protagonista de las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, y que en ese proceso estableció contacto con miembros del Gobierno de Cuba y de Venezuela. Ya Guaidó ha admitido que el régimen castrista es pieza clave para lograr una transición en Venezuela. En esta ocasión, a diferencia de intentos anteriores, el apoyo de la comunidad internacional ha sido determinante. Incluso aliados del chavismo como Rusia o China han dado su respaldo a los encuentros en Barbados, que también cuentan con el visto bueno de EE UU. Las fuentes confirman que el sector militar venezolano está expectante ante los resultados.