Colapso venezolano amenaza a un pueblo ancestral
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agosto 4, 2019Tres provincias cumplen un año de la declaratoria de emergencia por la crisis migratoria venezolana. Se destinaron USD 76 millones para su salud, educación, seguridad e inclusión.
- El Comercio (Ecuador)
- 3 Aug 2019
- Roger Vélez y Redacción Guayaquil.
La condición de Rusbelis Robles, nacida en Puerto Cabello (Venezuela), le ha obligado a solicitar atención médica de manera frecuente en los hospitales de Ecuador.
La mujer, de 33 años de edad y enfermera de profesión, llegó en febrero pasado con un embarazo a cuestas y anemia. Se convirtió en madre en Guayaquil. Su hija, que ya cumplió cuatro meses de edad, tiene síndrome de Down.
Ella relata que ha tenido que vender caramelos en las calles para subsistir. Aunque no ha conseguido trabajo en su profesión, siente agradecimiento en el país por la ayuda brindada en su atención médica.
“Tengo anemia, cuando me tocó el par tome atendieron sin excepción, nunca preguntaron si yo era extranjera o no, mi hija nació. en venezuela eso habría sido imposible, no hay medicinay justo cuando nació mi hija, en ese país no había luz. Lo más probable era que solo viva una delasdos”, dice.
Romari González también tuvo a su hijo en Ecuador. Ella sí critica la atención en una casa de salud en el noroeste de la urbe porteña. Dice que, aunque no le negaron la atención, soportó comentarios xenófobos. Hoy su pequeño hijo tiene ocho meses. Espera que por él, que ya es ecuatoriano, su esposo y ella puedan ser regularizados.
El número de atenciones en la red de salud pública a migrantes venezolanos tuvo un incremento exponencial en el último año, desde que se agudizó la crisis humanitaria.
En 2018, ya sea en consultas ambulatorias, egresos hospitalarios o emergencias, un total de 194543 personas de esa nacionalidad recibieron atención, cuando en el 2015 no llegaron ni a 200, según el Minis
terio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Además, el sistema nacional de educación tiene registrados a 16 851 estudiantes venezolanos. No obstante, un sondeo realizado por el MIES y Acnur refleja que en Quito, siete de cada 10 niños oriundos del país caribeño no van a la escuela (ver infografía).
Para Ecuador, brindarles atención en salud y educación, además de seguridad e inclusión económica y social, representó USD 76 823 009 el año pasado, de acuerdo con el Informe gubernamental sobre la Emergencia Migratoria Venezolana.
A 24 días de que entre en vigor el requisito de la visa humanitaria para que ellos puedan ingresar al país, muchos aceleran su paso por el puente de Rumichaca, que conecta a Ecuador y Colombia.
Hasta allí se han desplazado brigadas médicas que se encargan de brindarles atención, sobre todo, a mujeres embarazadas, madres o niños.
Jhonny Vega, de 24 años, llegó el domingo pasado junto con su esposa y dos hijos pequeños. Ellos ya habían vivido en Perú y Colombia, pero no les fue bien, por eso optaron por regresar a Ecuador, en vez de devolverse a su país. El plan de regularización implementado por el Gobierno les genera expectativa.
La ministra del Interior, María Paula Romo, anunció que en unos 15 días empezará un censo para los migrantes venezolanos en Ecuador.
Para René de Sola Quintero, embajador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó en Quito, el registro será clave para emprender en planes de inclusión económica y social de sus connacionales, por ejemplo, a través de la entrega de créditos para micro em prendimientos.
La información será útil, además, para que el Gobierno ecuatoriano insista en la cooperación internacional para atender esta crisis. Durante un taller con periodistas, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, comentó que la toma de contactos con posibles donantes continúa, pero reconoció que los recursos con los que se cuenta hasta ahora son escasos.
La plataforma de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Onocha) registraba, hasta el miércoles pasado,que Ecuador había recibido aportes por un total de USD 25 millones para esta crisis, siendo Estados Unidos (con el 76,9%) y la Unión Europea (8,5%) los mayores donantes.
Jaques Ramírez, especialista en política migratoria regional, sostiene que “no deben existir políticas exclusivas para migrantes venezolanos”, pues subraya que el acceso a la educación y la salud son un derecho humano.
El 8 de agosto próximo se cumplirá un año desde que el Gobierno declaró el estado de emergencia en movilidad humana a las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro.
A diferencia de Rumichaca (Carchi), Danilo Maridueña, gobernador de El Oro, aseguró que desde que Perú, el 15 de junio pasado, exigió visa para los venezolanos, el flujo migratorio se redujo.
