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mayo 6, 2021Listin Diario2 May 2021Por ANATOLY KURMANAEV
Son guerrilleros que arman mini Estados, protegen a la gente y le dan servicios. A cambio manejan las rutas del narco
- Clarín
- 2 May 2021
- GUARERO. VENEZUELA
Llevan agua potable a los residentes de los áridos matorrales, dan talleres de agricultura y ofrecen revisiones médicas. Median en disputas por la tierra, multan a los ladrones de ganado, resuelven divorcios, investigan delitos y castigan a los ladrones.
No son policías, ni funcionarios, ni miembros del gobierno de Venezuela. Pertenecen a uno de los grupos rebeldes más conocidos de América Latina, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
El colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones para establecer sus propios mini-estados. Lejos de huir por miedo o exigir ser rescatados por las autoridades, muchos residentes de las zonas fronterizas de Venezuela – hambrientos, perseguidos por los narcos y que sienten haber sido abandonados por el gobierno- dieron la bienvenida a a estos grupos que les dan los servicios básicos y protección que el Estado no proporciona.
Los insurgentes “trajeron la estabilidad aquí”, dijo Ober Hernández, un líder indígena de la península de la Guajira junto a Colombia. Los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el mayor grupo rebelde que queda en América Latina, comenzaron a cruzar a la parte venezolana de la península el año pasado desde Colombia, donde han estado en guerra durante más de 50 años. Con su país destrozado, el líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, niega la presencia de estos insurgentes. Pero los guerrilleros estarían operando en más de la mitad del territorio venezolano, según el ejército colombiano, activistas de DD.HH.y decenas de entrevistas en los sitios afectados.
El alcance de los insurgentes en Venezuela se hizo aún más evidente el mes pasado, cuando el gobierno lanzó una gigantesca operación militar para desplazar a una facción disidente de otro grupo rebelde colombiano -las FARC- del remoto estado de Apure.
En amplias zonas del país, el Estado venezolano y su autoridad se están reduciendo drásticamente, lo que permite que grupos armados y organizaciones criminales de todo tipo tomen el control, a menudo con consecuencias devastadoras. Los residentes en esos territorios dijeron que hay una guerra entre grupos criminales por el control de las rutas de contrabando hacia Colombia. Durante dos años, la violencia recayó en el pueblo indígena wayuu, que se encuentra a caballo entre los dos países.
Atrapados en el fuego cruzado, contaron que huían de sus casas por la noche y llamaban a los niños rezagados mientras corrían, dejando atrás todas sus posesiones, su ganado y las tumbas recientes de sus familiares. Cientos de ellos escaparon a través de los matorrales hacia Colombia. Los que se quedaron dijeron que vivían aterrorizados, resignados a que el gobierno de Venezuela no les ofreciera ninguna protección.
Entonces empezaron a aparecer el año pasado rebeldes del ELN con armas y acento colombiano, ofreciendo ayuda a los wayuu. Organizado y bien armado, el ELN desplazó a las bandas locales que aterrorizaban a los pueblos.
Los guerrilleros impusieron duras penas por robo y hurto de ganado, mediaron en las disputas por la tierra,
La gente los acepta porque estas bandas les brindan lo que el Estado no les proporciona.
transportaron agua potable en camiones, ofrecieron suministros médicos básicos e investigaron los asesinatos de una manera que el Estado nunca hizo. No fue una empresa caritativa. A cambio, el ELN se hizo cargo de las rutas de contrabando y narcotráfico de la zona. También comenzó a cobrar impuestos a los comerciantes y ganaderos.
Pocas veces las organizaciones criminales han ejercido tanto control territorial y económico -y el gobierno tan poco-, una potente ilustración de la desaparición de la nación bajo Maduro. “Venezuela camina sonámbula hacia la fragmentación por grupos armados”, dijo Andrei Serbin Pont, analista de seguridad de América Latina. “Recuperar el control del territorio será un enorme desafío para quien esté en el poder en Venezuela en las próximas décadas”.
Cuando florecía la riqueza petrolera, Venezuela construyó un Estado fuerte incluso en los caseríos más alejados. Pero los ingresos por el crudo cayeron 90% desde 2014, dice Pilar Navarro, economista de Caracas. Y con los salarios en el abismo, los funcionarios han recurrido cada vez más al soborno y ala extorsión o vendiendo armas a los grupos criminales y a cobrarles por su protección.
En el sur del país, los brutales grupos armados conocidos como sindicatos que dominan la minería ilegal gestionan el suministro de electricidad y combustible, a la vez que proporcionan equipos médicos a las clínicas de las ciudades que controlan. A lo largo de los 1.400 kilómetros de frontera de Venezuela con Colombia, el ELN y otros insurgentes ejercen su influencia. “Tenemos que convivir con quien sea, esa es la realidad”, dice Fermín Ipuana, funcionario de transporte local en la Guajira. “Aquí no hay confianza en el gobierno. Sólo extorsiona. La gente busca ayuda en otra parte”. ■
