Maduro’s strongest weapon: Military
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- ABC (Sevilla)
- 10 Mar 2019
- MANUEL TRILLO
En marzo de 2011, en plena Primavera Árabe, la ciudad libia de Bengasi, feudo de los sublevados contra Muamar Gadafi, se hallaba cercada por las tropas del dictador. Una masacre se cernía sobre la población. Ante la tragedia que se avecinaba, la comunidad internacional tomó cartas en el asunto. El día 17 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó, con la abstención de Rusia y China, la resolución 1973/11, que, bajo el principio de la «responsabilidad de proteger» a los civiles, autorizaba el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea. Dos días después, Francia, Reino Unido y EE.UU. comenzaban la ofensiva militar, de la que luego la OTAN asumiría el mando. La misión concluyó el 31 de octubre. Días antes, Gadafi había muerto a manos de los rebeldes.
La «responsabilidad de proteger» que avaló el ataque en Libia se ha puesto sobre la mesa ante la tragedia humanitaria en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha apelado a ese principio. En una reciente entrevista con ABC, insistió, sobre cómo distribuir la ayuda: «Hay dos instrumentos que son muy consecuentes con el derecho internacional: la intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger. Yo hoy hablaría ya de la responsabilidad de proteger».
El Grupo de Lima se frena
Después de que el pasado día 23 Nicolás Maduro impidiera por la fuerza la entrada de la ayuda, la opción militar parecía ganar peso. El presidente interino, Juan Guaidó, abogó por «tener abiertas todas las opciones», en línea con EE.UU. Pero el lunes el Grupo de Lima descartó el uso de la fuerza y defendió una transición pacífica.
Ese día el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advertía en Twitter de que «el derecho internacional no permite el uso de la fuerza en este caso» y que «no se cumplen los requisitos jurídicos de la “responsabilidad de proteger”». En cambio, hay opositores que defienden ese principio. El alcalde de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, esgrime la dimensión de la catástrofe humanitaria en un país «atrapado por una narcotiranía y un régimen fallido».
En estos momentos no es viable que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice una intervención como la de Libia. A diferencia de lo que sucedió en 2011, Rusia y China, países con derecho de veto, no están dispuestos.
El investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, señala a ABC que Moscú y Pekín «consideran que se trata de una situación interna que no afecta a la paz y seguridad internacional». De hecho, el pasado 28 de febrero vetaron una propuesta de resolución de EE.UU. para promover elecciones libres. Después de la intervención en Libia, la «responsabilidad de proteger» cayó en «descrédito», apunta Arteaga.
La legitimidad
De hecho, no pudo aplicarse en Siria, donde la guerra se ha prolongado durante años. El problema, a su juicio, es cómo legitimar una acción militar «para que no sea simplemente un cambio de régimen». Otra cuestión sería una acción unilateral, como las que lideró EE.UU. en el pasado, pero tendría el problema de legitimación. A ello añade las dudas de que, desde el punto de vista práctico, resulte eficaz, ya que una intervención «en un ambiente hostil y con población civil armada» puede suponer «una guerra civil» por largo tiempo.
