Cuando finalmente abandone la escena política en Venezuela, Nicolás Maduro dejará atrás una pesada herencia de opresión, sufrimiento y devastación económica. También dejará una montaña de obligaciones denominadas en moneda extranjera contra el sector público venezolano -que hoy está en incumplimiento de pago casi en su totalidad- por más de 150.000 millones de dólares. Al gobierno interino de Venezuela le tocará tomar medidas prontamente para frenar la profunda crisis humanitaria, restaurar la economía destruida y hacer frente a este legado colosal de deudas. Los tres esfuerzos se deben intentar de manera simultánea. Ninguno será fácil.
Para brindar orientación sobre qué esperar cuando comience el proceso de reestructuración de la deuda, la Asamblea Nacional y el gobierno interino difundieron un documento técnico que describe los principios que el gobierno interino espera seguir para hacer frente a la deuda. Ninguna reestructuración de estas obligaciones puede comenzar antes de que el gobierno interino asuma el control de la maquinaria estatal en Venezuela y se levanten las sanciones económicas internacionales que le han sido impuestas al régimen de Maduro. Cuando llegue ese día, cuatro principios esenciales guiarán el pago de las demandas comerciales heredadas: 1) El acuerdo debería ser lo más amplio posible. Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, contrajeron deudas con un grupo asombrosamente diverso
de acreedores. 2) Solo las demandas reconciliadas serán elegibles para participar en la reestructuración de deuda. El gobierno interino espera designar un agente de reconciliación de obligaciones cuya tarea consistirá en eliminar las demandas corruptas, fraudulentas o infladas contra entidades del sector público venezolano antes de que comience la reestructuración de la deuda. 3) Una vez que se hayan reconciliado y cuantificado las obligaciones para fines de la reestructuración, quienes las presenten serán elegibles para participar en la reestructuración de la deuda en iguales términos que todas las demás obligaciones reconciliadas. En cualquier ejercicio de este tipo, un trato preferencial otorgado a una categoría de acreedores necesariamente resulta en una desventaja proporcional para todos los demás. La rivalidad y el resentimiento entre acreedores generados por esta discriminación podrían resultar fatales para un programa de reestructuración de deuda integral del tipo que debe emprender en breve Venezuela. 4) El gobierno interino necesitará un programa con el Fondo Monetario Internacional para acceder al financiamiento tanto de fuentes oficiales como del sector privado, que será esencial para la recuperación económica de Venezuela. Ese programa incluirá una proyección del FMI respecto del nivel de deuda que la economía venezolana podría razonablemente pagar en el mediano plazo. Será de vital importancia que el acuerdo de reestructuración de las deudas contraídas por Chávez/maduro sea consistente con esas proyecciones y no ponga en peligro el cumplimiento por parte de Venezuela de su programa con el FMI. El objetivo de estos cuatro principios es agilizar un proceso que, de otra manera, podría ser extremadamente complicado, peligrosamente prolongado y profundamente divisivo. Nadie es tan ingenuo como para esperar que la reestructuración de la deuda de la era Chávez/maduro sea fácil o agradable. Sin embargo, el gobierno interino está comprometido a garantizar que sea justa y transparente.
Ninguna reestructuración de estas obligaciones puede comenzar antes de que el gobierno interino asuma el control de la maquinaria estatal en Venezuela y se levanten las sanciones económicas internacionales…’.