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septiembre 26, 2018Por KIRK SEMPLE 24 de septiembre de 2018 The New York Times
PEÑAS BLANCAS, Costa Rica — Los tres hombres temían por sus vidas. Dejaron sus hogares en el oeste de Nicaragua durante la noche y un taxi los llevó hacia el sur en un trayecto de horas. Se bajaron en una curva, caminaron por la maleza y el bosque, pasaron por un espacio en una valla… y salieron en Costa Rica.
“Sentimos alivio”, dijo uno de ellos, Octavio Robleto, abogado de 57 años, al recordar la experiencia mientras esperaba con los otros dos hombres afuera de una oficina migratoria costarricense donde buscaban solicitar asilo.
En Nicaragua, dijo, se vive “un terror total”.
Desde mediados de abril, cuando en Nicaragua se desató una violenta crisis política que ha dejado centenares de muertos y paralizó la economía, los nicaragüenses han abandonado masivamente su país. Algunos huyen de la represión del presidente Daniel Ortega contra sus opositores y otros, recién desempleados, están en busca de trabajo. Muchos se han dirigido a Costa Rica, el país vecino al sur.
A veces han pasado por la frontera en cruces legales, pero más comúnmente por rutas clandestinas con las que pretenden evitar a las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Miles de ellos han solicitado asilo en Costa Rica, cuya burocracia migratoria ha quedado superada, y muchos más solo se han incorporado directamente a la población.
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La afluencia de nicaragüenses representa un enorme reto para el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada, quien también lidia con una crisis económica en ciernes y un aumento de la violencia a causa del tráfico de drogas.
El reto migratorio también ha puesto a prueba los célebres y bien cuidados valores de hospitalidad y optimismo costarricenses, ya que ha revelado atisbos de xenofobia y un trasfondo de prejuicios contra los nicaragüenses.
A finales de agosto en San José de Costa Rica, algunos manifestantes con cocteles molotov y bates de béisbol llegaron a un parque que se ha vuelto un sitio de reunión para los emigrados desde Nicaragua. Los recién llegados gritaron consignas críticas contra los inmigrantes y hubo choques que terminaron en decenas de arrestos.
“Hago un llamado a la calma, a la paz, a actuar con prudencia, a no caer en provocaciones o llamados al odio”, dijo Alvarado Quesada en un discurso televisado. “Debe prevalecer la sensatez, la prudencia, la inteligencia y la solidaridad”.
Epsy Campbell Bar, la canciller de Costa Rica y también su primera vicepresidenta, dijo que el gobierno intenta prepararse en caso de que la situación política en Nicaragua empeore hacia finales del año, lo que llevaría a muchas personas más a trasladarse a Costa Rica, una de las naciones más pacíficas y estables de la región.
En una entrevista en su oficina en San José, Campbell Bar dijo que la crisis nicaragüense podría volverse “demasiado grande para un país con condiciones como las de Costa Rica”.
“Lo triste de Nicaragua es que no queda claro cuándo se va a terminar la crisis”, agregó.
La emigración de quienes huyen de la violencia, la agitación política, la pobreza y los desastres naturales ya ha amenazado la buena voluntad de los gobiernos de toda América Latina.
Cientos de miles de centroamericanos, en su mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala, han dejado sus hogares en busca de refugio y una mejor vida en otras partes; su meta usualmente es llegar a Estados Unidos. Más de dos millones de venezolanos han huido de su país y se encuentran desperdigados por el continente y por partes de Europa.
No queda claro exactamente cuántos nicaragüenses han salido desde que empeoró la situación en abril, pero funcionarios aseguran que el éxodo se queda corto en comparación con los dos grandes flujos migratorios de la región. Aun así, la salida ha tenido consecuencias complicadas para países como Costa Rica, que ha recibido a la mayor cantidad de nicaragüenses.
El aumento actual de cruces de un país a otro es el último de décadas de flujo migratorio desde Nicaragua hacia Costa Rica; la población de nicaragüenses ronda las 500.000 personas o casi una décima parte de toda la población costarricense, según funcionarios del gobierno.
Las autoridades de Costa Rica han sido aplaudidas por activistas y funcionarios internacionales en cuestiones migratorias, así como por los mismos refugiados y migrantes, debido a su manejo de la crisis, a pesar de que la burocracia para recibir a los que llegan está al borde del colapso.
Solo este año, más de 24.000 nicaragüenses han expresado su deseo de solicitar asilo en Costa Rica, en comparación con las 6300 personas de todas las nacionalidades que buscaron hacerlo el año pasado.
Los casos pendientes son tantos que las citas para entrevistas de asilo están siendo programadas para dentro de seis meses o más, y el gobierno de Alvarado Quesada ya ha solicitado ayuda por parte de la comunidad internacional. Agencias de la ONU prometieron prestarles oficinas y apoyar con sueldos a los funcionarios migratorios para poder acelerar los procesos.
A los integrantes del gobierno y sus aliados les preocupa que la crisis, mientras más se extienda, sea usada por opositores de Alvarado Quesada para cambiar su percepción pública y que eso afecte su agenda.
“Podría complicar el trabajo del presidente”, dijo Victor Barrantes, viceministro del Interior costarricense.
Algunos políticos locales que representan a provincias fronterizas ya han usado la llegada de posibles criminales nicaragüenses para exigir más fuerza policial y asistencia financiera del gobierno federal, según funcionarios.
La respuesta de la administración de Alvarado Quesada ha sido asegurarle al país que se han tomado las medidas de seguridad necesarias, como el desarrollo de un plan para reforzar la vigilancia fronteriza.
Pero algunos integrantes del gobierno reconocen que la policía fronteriza está superada, que la frontera es muy porosa y que hay pocos sistemas para detener a los nicaragüenses —o a cualquiera— de entrar al país sin controles.
Una mañana hace poco quedó evidenciada la facilidad de esos cruces ilegales en Peñas Blancas, al noroeste de Costa Rica. Cada hora había un flujo constante de personas que lograba pasar por una zona parcialmente selvática y boscosa en el lado de Nicaragua. Cruzaban por medio de agujeros en la valla fronteriza baja y delgada que marca la frontera, pasaban a áreas descuidadas detrás de hogares y negocios en el lado de Costa Rica y salían a un camino a unos cientos de metros de un cruce oficial.
En ningún lado de la frontera había alguna autoridad que impidiera su cruce.
La mayoría de los nicaragüenses que han cruzado hacia Costa Rica desde mayo han llegado a hogares de familiares o conocidos.
Otros están en albergues improvisados en hoteles en la zona roja de San José; sus habitaciones son pagadas por grupos religiosos u organizaciones comunitarias. Otros duermen en parques y en las calles o han sido acogidos por ciudadanos.
Los líderes de las protestas callejeras en Nicaragua, los más buscados por el gobierno de Ortega, han buscado santuario en hogares seguros. Temen que las autoridades nicaragüenses tengan espías en Costa Rica que estén en busca de los manifestantes en exilio.
“Nadie quiere estar aquí”, dijo Alejandro Bravo, un líder opositor de la ciudad de Masaya —bastión opositor en Nicaragua—, que busca asilo en territorio costarricense junto con decenas de compañeros.
“Yo no quiero estar aquí”, añadió. “Pero quiero seguir vivo”.
En Casa de María Auxiliadora, una iglesia en San José que da comida y servicios sociales a los migrantes de Nicaragua, las monjas dicen que han tenido que expulsar a personas que creen que son “infiltrados” del gobierno orteguista.
Las principales muestras de generosidad han surgido de residentes de Costa Rica que son oriundos de Nicaragua pero que cruzaron en oleadas migratorias previas.
Johana Francisca Jiménez Lumbi, activista social en Upala, una pequeña ciudad costarricense cerca de la frontera, dijo que ella ya vivió muestras similares de discriminación cuando migró hace dos décadas.
“No quiero que a ellos les pase lo que me pasó a mí”, dijo.
Jiménez ha establecido una red de vecinos y amigos que puedan proveer un lugar dónde quedarse y apoyo a los nicaragüenses recién llegados.
En los últimos meses, miles de personas han arribado a La Carpio, un barrio pobre y muy poblado de la capital donde ya hay una población nicaragüense importante.
Alicia Avilés Avilés, lideresa civil del barrio, huyó hacia Costa Rica en los años noventa debido a la persecución del gobierno por su papel en una huelga de maestros. Pero dijo que le preocupa que la llegada de nuevas personas agobie los servicios públicos de La Carpio, de por sí escasos.
Ya se empieza a sentir esa presión en la escuela pública del barrio, donde unos 430 niños nicaragüenses se han inscrito desde febrero; más de un cuarto tan solo en agosto. El tamaño de los salones ha aumentado en un tercio.
Avilés Avilés dijo que, por ahora, el barrio puede lidiar con ello.
Sin embargo, se preguntó qué pasará si la crisis persiste por muchos meses más. ¿Se duplicarán o triplicarán los habitantes de cada hogar? ¿Los residentes locales se quedarán sin paciencia y sacarán a la calle a quienes ya albergan? ¿Quienes sigan desempleados después de cruzar recurrirán al crimen?
“Sería más demandante la supervivencia humana”, dijo Avilés Avilés. “Esto podría ser una explosión difícil”.
