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julio 6, 2019Tras la visita de la alta comisionada para los DDHH, la ONU dio a conocer números de la situación social y política e instó al Gobierno a “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos”. Para Maduro, se trata de “una visión distorsionada” .
- Los Andes
- 5 Jul 2019
El trabajo liderado por la ex presidenta de Chile le puso números a la crisis de Venezuela: el país tiene 3,7 millones de habitantes con severos problemas de alimentación y desde el inicio de 2018 acumula unas 7.000 muertes en operativos de seguridad.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de Venezuela en el que instó al gobierno de Nicolás Maduro a “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.
El informe, que hoy será presentado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas.
Según el informe -elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos-, el año pasado se registraron 5.300 muertes en el país caribeño en operativos de seguridad por “resistencia a la autoridad”.
Otras 1.569 muertes se registraron en los primeros cuatro o cinco meses del 2019, lo que eleva a casi 7.000 muertos en poco más de un año, una cifra “escandalosamente alta”, según la ONU.
El documento denuncia. además, que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
La ONU denunció también que 3,7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición en el país y aseguró que el gobierno no ha empleado todos los mecanismos existentes para garantizar el derecho a la alimentación de la población.
“El gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias”, cita el texto.
Bachelet realizó a fines de junio una visita de tres días a Venezuela, donde se entrevistó con todas las partes involucradas en la severa crisis que atraviesa el país, al término de los cuales pidió, entre otras cosas, “la liberación de los presos políticos”.
Este informe sale a la luz en una semana donde el conflicto interno de Venezuela volvió a cobrar fuerza por la muerte del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo, como consecuencia de las torturas que padeció en su lugar de detención en una dependencia estatal.
“Visión distorsionada”
El Gobierno de Maduro rechazó el informe por considerar que ofrece “una visión distorsionada” de la situación.
El Ministerio de Exteriores venezolano difundió un texto que remitió a su vez a la Oficina de la Alta Comisionada, en el que realiza 70 “observaciones” sobre los “errores de hecho” que, en su opinión, contiene el texto de la ONU.
“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de Derechos Humanos”, señala el Palacio de Miraflores.
Para Caracas, “esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración” porque “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial”.
A este respecto, expresa su especial preocupación por que “el 82 por ciento de las entrevistas utilizadas para fundamentar el informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, algo “injustificable” teniendo en cuenta que la Oficina de Bachelet visitó dos veces el país en lo que va de año.
Venezuela reprocha que “el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de Derechos Humanos”, vulnerando con ello los estándares para realizar una “evaluación objetiva e imparcial”.
“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de Derechos Humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial”, resume.
