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PEDRO PABLO P.
Univision Noticias
CARACAS, Venezuela.- “Nos tienen marcados”, dice la mujer como si estuviera condenada a muerte. Su delito: militar en la oposición en un territorio tomado por los ‘colectivos’, las bandas paramilitares del chavismo que imponen su ley a sangre y fuego en las barriadas de Caracas.
“Hombres encapuchados me han apuntado dos veces con pistola, uno no puede protestar aquí porque arremeten hasta contra nuestros hijos”, relata la señora de 54 años, inscrita en el partido opositor Voluntad Popular de Leopoldo López.
Los colectivos han colonizado Catia, uno de los sectores populares más importantes del oeste de la capital venezolana. “¡Esos bichos son feos!”, advierte otra vecina en voz baja. Siente miedo y no lo disimula. Lleva la mitad de sus 68 años de vida afincada en la zona y confiesa que jamás había visto algo así. “Salen armados a plena luz del día, con capuchas y gritando consignas a favor de la revolución. Ellos se han convertido en los dueños de Catia”, reconoce con una mezcla de rabia y frustración.
Defensores de Derechos Humanos y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática alertan que estas bandas paramilitares, junto con soldados y policías, ejecutan las operaciones represivas ordenadas por el presidente Nicolás Maduro contra las protestas opositoras que sacuden al país desde comienzos de abril. A bordo de sus motocicletas y empuñando armas de fuego, siembran el terror en las calles y son el principal factor disuasivo que despliega el régimen para ahogar el reclamo popular.
En realidad, los colectivos son más que una ‘fuerza de choque’ conformada por seguidores del chavismo para dispersar las manifestaciones de sus detractores. El criminólogo Fermín Mármol García indica que estos grupos irregulares ejercen “dominio territorial” en distintas ciudades del país, donde terminan desplazando a los cuerpos de seguridad y se convierten en la “autoridad” que dispone de los espacios públicos y media con su “fuerza” en la resolución de pequeños conflictos comunitarios como pagos de deudas y venta de drogas.
El origen de estos ‘ guardianes de la revolución’ está vinculado con el proceso de pacificación de la guerrilla urbana que ocurrió en Venezuela entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Aunque abandonó la lucha armada, la izquierda radical penetró los barrios populares y continuó con sus actividades de agitación, creando pequeños partidos políticos como Liga Socialista, del que formó parte en su juventud el presidente Nicolás Maduro.
Con el ascenso del difunto comandante Hugo Chávez al poder en 1999, irrumpieron en la escena los círculos bolivarianos, que buscaban calcar la fórmula de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Cuba. Censurados ante la opinión pública por sus intervenciones violentas contra la disidencia y durante el golpe de Estado de 2002, los círculos bolivarianos fueron desapareciendo y abrieron paso a los colectivos, cuyo historial de violencia incluye desde acusaciones de asesinatos hasta agresiones contra periodistas y dirigentes de la oposición.
En Catia funciona el colectivo Warairarepano –voz aborigen que da nombre a la montaña principal del valle de Caracas– con más de 180 integrantes. “Cuando desde los apartamentos tocamos cacerola contra Maduro, ellos nos disparan para amedrentarnos”, expresa una vecina. Cuenta que a su hijo, un vendedor ambulante de 40 años, una vez lo detuvieron, le colocaron una pistola en la cabeza y le arrebataron la mercancía. ¿La razón? “Le dijeron que no lo querían ver por allí”.
“Ellos hacen ejercicios como si fueran militares y poseen armas largas y motos de alta cilindrada. A las 6:00 de la mañana se levantan a trotar y nos despiertan vociferando ‘Chávez vive, la lucha sigue’”, expone la señora. Están instalados en la sede de una antigua prefectura y han invadido una serie de establecimientos comerciales, incluido el sótano de un banco estatizado por el régimen chavista.
“ Son los que vigilan los camiones que traen la comida, cobran ‘vacuna’ por cuidar los mercados y organizan las colas para que la gente haga la compra”, describe la mujer.
En un país que enfrenta una grave crisis económica caracterizada por la escasez de productos básicos, los colectivos se involucran en la distribución de los alimentos en los sectores más pobres. “Nos graban a los opositores con cámaras y nos amenazan con quitarnos la caja del Clap (víveres subsidiados por el Gobierno) y nos quitan los puestos en las colas para comprar comida”, relata la simpatizante de Voluntad Popular.
El fracaso del desarme
Estos grupos irregulares, que nacieron en Caracas pero ya se han desperdigado por toda Venezuela, no solo comparten la ideología y el proyecto del chavismo, sino que cuentan con el respaldo político y financiero del ‘alto mando’ de la revolución. “Son paramilitares que están al servicio del Gobierno para, entre otras cosas, infundir zozobra en la sociedad”, explica Mármol León.
Además de perseguir a los opositores, los colectivos han ‘cooperado’ con soldados y policías en laOperación Liberación del Pueblo (OLP), redadas que desarrolla el Gobierno en los barrios más peligrosos del país para combatir la criminalidad. La OLP ha sido cuestionada por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que tramitan decenas de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el marco de ese plan.
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“Ustedes fueron organizando colectivos revolucionarios armados de los años 80, 90 y luego se mantuvieron organizados en defensa de la revolución y han escuchado nuestro llamado de ir a un proceso de desarme, pero también han escuchado mi llamado como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se incorporen como milicianos a defender la patria aquí en su barrio”, indicó Maduro el 8 de agosto de 2013 en una jornada de «desarme voluntario» en la que recibió cien armas de manos de 97 colectivos de Caracas.
El 12 febrero de 2014, una marcha de la oposición que pretendió llegar al centro de la capital fue atacada por militares y colectivos dejando un saldo de tres muertos. Marcó el inicio de una serie de protestas contra el Gobierno que culminaron con 43 muertos y centenares de heridos y detenidos. Entre esos tres primeros fallecidos figuraba Juan Montoya, portavoz del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que había acompañado al mandatario venezolano en aquel acto de «desarme voluntario», apenas seis meses atrás.
En un intento por frenar la espiral de violencia, Maduro reprendió públicamente a los colectivos. “No acepto grupos violentos en el campo del chavismo y la revolución, quien quiera tener armas para combatir con armas, que se vaya del chavismo (…) Tiene que haber disciplina, mando único, claridad estratégica, verticalidad en el mando y en el comando de la revolución”, exclamó el 16 de febrero de 2014.
Pese al correctivo presidencial, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó que en ese periodo “se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en al menos 437 protestas” con un total de ocho asesinados por armas de fuego.
El proceso de “desarme voluntario” no continuó y en octubre de ese año el mayor general Miguel Rodríguez Torres fue removido del Ministerio de Relaciones Interiores, luego de que policías y colectivos se enfrentaran a tiros en un edificio abandonado del centro de Caracas. La destitución de Rodríguez Torres, hoy crítico del presidente de la República, se interpretó como un triunfo y una demostración de la influencia de estos grupos irregulares.
Tras la caída de Rodríguez Torres, en una rueda de prensa realizada en noviembre de 2014, el vocero de 260 colectivos del país leyó un comunicado mediante el cual calificó como “absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva. ¡No! No somos bandas delictivas, somos organizaciones revolucionarias”. Repitiendo uno de los lemas preferidos de Chávez, insistieron en que “nuestra revolución es pacífica, mas no desarmada”.
En medio de las movilizaciones realizadas desde principios de mes por la oposición contra el ‘autogolpe’ perpetrado por Maduro al inhabilitar el Parlamento, hasta el 26 de abril de 2017 se han contabilizado oficialmente 29 muertos (17 por armas de fuego), 437 lesionados y 1,289 arrestos. Las ONG Provea y OVCS señalan que los colectivos son el puntal del peor esquema de represión que ha sufrido el país en casi 30 años.
“Estos hechos se potencian con la reciente activación del Plan Zamora 200 que promueve y consolida legalmente acciones conjuntas de la Fuerza Armada y civiles armados, para actuar en las protestas o en cualquier otro ámbito que decidan de su interés”, alertó el OVCS en un comunicado, después de que el 18 de abril Maduro solicitó a “toda la estructura militar, policial y civil” contrarrestar los supuestos planes golpistas que impulsa la disidencia.
El oficialismo niega que los colectivos estén actuando como bandas paramilitares para hostigar a los opositores. No obstante, consciente de su poder intimidatorio, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dejó caer esta amenaza en su programa televisivo: “Mire, yo no lo voy a decir porque no me corresponde. Pero el día que los colectivos decidan dar una vuelta por la autopista, la carrera que van a pegar, ¡ay compadre!”.
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