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Desde la polvorienta carretera, sus brazos frágiles aletean en el aire agitando un bidón vacío y anunciando así a los conductores la venta de gasolina. En la Guajira venezolana, zona fronteriza con Colombia, a esas mujeres las llaman «mariposas» y se dedican a la reventa de combustible, en la que aplican un lucrativo sobreprecio.
Muchas de estas mujeres llevan una bata o manta larga ancha y colorida, el traje típico de las guajiras, que el viento agita como si fueran las alas de una mariposa. Compiten con niños que también venden gasolina de forma irregular, conocidos como los «pimpineros», por llevar lo que se conoce como una pimpina de 20 litros de gasolina.
En la desértica Guajira vive la etnia indígena binacional wayuu, conocida por su autonomía cultural y sus leyes, que no conoce la línea geográfica de separación entre los dos países vecinos, sino la suya propia. En la parte venezolana, forma parte del Zulia, el estado occidental que surte el 60% de la riqueza petrolera de Venezuela, lo que no le da ventajas sobre el resto del país, pues vive bajo el racionamiento de gasolina desde hace tres años. Los vehículos de la zona deben portar un chip para surtirse como máximo tres veces a la semana de combustible.
El negocio familiar
Las «mariposas», con sus mantas coloridas en la carretera, son las últimas en la cadena de la extracción de gasolina que se han incorporado masivamente hace poco al negocio ilegal del contrabando como una manera de supervivencia. Ahora con mayor razón por la crisis económica y el hambre que acecha de manera implacable bajo temperaturas sofocantes de 41 grados en la sombra.
Miles de familias enteras viven de la reventa de gasolina y productos derivados del petróleo, en el país con las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo. Muchas «mariposas» menores de 18 años promocionan la compra y venta de los bidones de cinco litros bajo la mirada complaciente de la Guardia Nacional.
A medida que se acercan a la frontera colombiana, las mujeres aumentan los precios del producto. El riesgo de los lugareños es el regreso en coche sin combustible, pero todo vale con dinero en mano. Y la operación del trapicheo termina siendo una aventura rodeada de ilegalidad con sabor de combustible en la boca.
Es bien conocido que la gasolina de Venezuela es la más barata del mundo. En el país llenar el depósito de un vehículo cuesta menos de diez centavos de dólar y en Colombia 28 dólares, lo que incrementa la corrupción. Según el periodista Argimiro Montiel, el 70% de la población de la Guajira se dedica a la venta ilegal de gasolina, directa o indirectamente, como una forma de subsistencia a la crisis.
El contrabando del oro negro se ha convertido en la metástasis de la corrupción, donde todos meten la mano, desde los últimos del eslabón hasta el comienzo en la industria petrolera. La cadena incluye tanto al teniente de la Guardia Nacional de los puntos fronterizos –que hacen la vista gorda previo pago de la comisión– como al general comandante del Ejército de la zona. Continúa en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y llega hasta el Ministerio de la Defensa.
Mientras los habitantes del Zulia forman colas por su ración de gasolina, las «mariposas» mantienen con vida el contrabando hacia Colombia, donde el precio promedio del litro (cerca de 1 dólar) es suficiente en Venezuela para llenar los tanques de unos 700 vehículos medianos.
Participación de la guerrilla
Más al sur, el estado Táchira, también fronterizo con Colombia, es el mejor laboratorio de todos los intentos de controlar el comercio legal e ilegal de hidrocarburos. En la larga línea porosa que separa a los dos países, de más de 2.200 kilómetros, hay 280 puntos de control o de paso no oficiales, por los que han caminado más de un millón de venezolanos. En el negocio intervienen la guerrilla colombiana y los militares venezolanos.
La gobernadora tachirense, Laidy Gómez, asegura que en 19 años de chavismo el régimen ha aplicado diez fórmulas para controlar el contrabando de gasolina. Sin embargo, no ha tenido éxito, porque en el negocio intervienen la guerrilla colombiana y los militares venezolanos, principales beneficiados del negocio.
