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- ABC (Córdoba)
- 31 Jan 2019
- GABRIELA PONTE/JAVIER CHICOTE
El otro enigma que Venezuela debe resolver estos días se llama Interbanex. En medio de lo que parece la peor crisis política que enfrenta Nicolás Maduro, su Gobierno ha inaugurado una plataforma digital el pasado lunes que formará parte del sistema de mercado cambiario, es decir, de la compraventa de dólares en un país sometido desde hace más de 15 años a un férreo control de divisas. Su objetivo sería ser un salvavidas ante la asfixia económica a la que está siendo sometida por Estados Unidos.
«Nosotros somos una plataforma autorizada por el Banco Central de Venezuela (BCV) que va a intentar dar transparencia al mercado cambiario y que solo va a estar dedicada a privados», así se presentaban ante los venezolanos Interbanex en su cuenta de Twitter. Inmediatamente las dudas de quiénes están detrás de esta plataforma dispararon las alarmas.
La empresa registrada de forma expedita el 18 de enero de 2019 como una compañía anónima denominada Interban Exchange C.A tiene dos accionistas: la empresa española Ampajesu S.L, registrada en Granada el 24 de octubre de 2018, y la mercantil Bull Equity Management Ltd, constituida en Barbados, territorio incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la UE hasta el año pasado.
En los Papeles de Panamá
Esta última aparece en la lista de empresas de los «Panama Papers» bajo la dirección de Dionisio Rafael Sifontes Santos, un asesor financiero venezolano vinculado a varios escándalos de corrupción de Pdvsa y blanqueo de dinero por medio de la casa de bolsa líder en el mercado de capitales «Econoinvest». El dueño mayoritario de esa empresa sería su tío Hernán Sifontes.
Según fuentes del sector, Sifontes Santos es una persona cercana al círculo político del vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami. En su perfil de Linkedin se presenta como el director de finanzas de una empresa llamada Amberes Coin, que es una de las pocas compañías autorizadas para trabajar con la criptomoneda conocida com Petro creada por Maduro. La nueva plataforma Interbanex, que cuenta con el visto bueno del BCV, está diseñada para competir y liquidar el mercado negro que Nicolás Maduro tilda como «mercado criminal». En su primer día de actividad inició las operaciones cambiarias con un valor referencial de 3.200 bolívares por dólar situándolo por encima de la tasa del mercado paralelo que se transa entre 2.800 y 3.000 bolívares. El objetivo de Interbanex sería captar a empresas privadas y personas físicas que serán los ofertantes y demandantes de divisas y pone a disposición –por el momento– al Banco Occidental de Descuento (BOD) como el primer banco nacional que trabajará con ese esquema.
Según la información colgada en su Twitter especifica que las comisiones
El gestor de la plataforma pertenece al círculo político del vicepresidente para el Área Económica
por transferencias tendrán un costo del 0,125% por cada operación pactada por ambas partes. Fuentes consultadas por ABC calculan que las operaciones supondrán un beneficio de entre un millón y medio a dos millones de dólares mensuales para sus intermediarios.
Con los dólares que obtenga, el régimen de Nicolás Maduro pretende afrontar las sanciones y la presión económica a la que está siendo sometido por parte de EE.UU., que dentro de sus medidas ha adoptado transferir todo el dinero de la venta de petróleo a cuentas manejadas por el presidente encargado Juan Guaidó. Esta medida de urgencia viene acompañada de una Gaceta Oficial número 41.573 que sube el encaje marginal al 100%, esto significa que el Gobierno restringió la circulación de dinero y obliga a que una parte de los depósitos de las entidades financieras no se pueden prestar y se dejen como reservas en el BCV. Con ello se reduce el efectivo en la calle y obliga a las personas a acudir a la plataforma Interbanex para ofertar dólares por bolívares.
La conexión española
El control efectivo de la sociedad que maneja la nueva plataforma de cambio pertenece a la sociedad española Ampajesu, que posee el 62,5 por ciento de las acciones con derecho a voto. El resto del capital, un 37,5 por ciento, está inscrito a nombre de la citada Bull Equity Management Ltd, según reflejan los documentos societarios consultados por ABC.
Todo apunta a que la empresa española fue fundada para este fin, pues se inscribió en el Registro Mercantil de Granada el pasado mes de octubre y con este objeto social: «La tenencia de participaciones sociales o acciones de las sociedades filiales en las que participa», es decir, controlar otras empresas.
Poco después de su creación, el 26 de noviembre de 2018, dos administradores solidarios tomaron el control oficial de Ampajesu S.L. en una notaría de Madrid. Se trata de dos ciudadanos españoles, Carlos García Navarro y Manuel Aarón Fajardo García. Este último se presenta en distintas entrevistas como «trader» especializado en los mercados de divisas y materias primas. La empresa echó a andar con el capital social mínimo exigido por ley, 3.000 euros. Se desconoce quién o quiénes son los propietarios de las acciones de Ampajesu, puesto que las participaciones se transfieren ante notario pero no se publican en el Registro Mercantil. Todo apunta a que la propiedad de la sociedad granadina y, por tanto, de la plataforma Interbanex, está en manos del Gobierno venezolano.
