Las jefes de hogar sacrifican su alimentación para amortiguar el deterioro nutricional de las familias y son el segmento de población que en mayor medida ha quedado sometido a mecanismos gubernamentales que facilitan la coacción, como los CLAP. “El derecho a la vida, a la alimentación, a la salud reproductiva, todo eso se está violentando en el contexto venezolano”, señala Fabiola Romero, directora del Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya. Las mujeres en migración forzosa se han convertido en blanco de las redes de trata de personas, alertan ONG.
La espera es parte de la cotidianidad para Yajaira Díaz. Con 55 años de edad, trabaja en una oficina bancaria y, diariamente, tiene que gastar entre 50.000 y 60.000 bolívares en efectivo para poder hacer el trayecto de ida y vuelta desde Guarenas a su trabajo en el centro de Caracas. Se considera afortunada porque de la taquilla del banco le permiten retirar 100.000 bolívares diarios, pero aún así tiene que hacer una cola de una hora todos los días frente a un cajero para obtener los 10.000 bolívares adicionales que le permitan completar lo que le cuesta el trayecto.
La falta de efectivo es solo una de las razones de sus desvelos. La otra es la comida. En su casa convive con su madre y su hija adolescente y cuenta que conseguir los alimentos se hace cuesta arriba. Aunque recibe, una vez al mes o cada dos meses, la caja de productos del Comité Local de Abastecimiento y Producción, la califica de insuficiente porque no trae ni carnes ni vegetales.
Las tres mujeres se las arreglan para comprar de vez en cuando un pollo, pero Yajaira prefiere dejar de comer su porción para que las otras lo hagan. “Ellas lo necesitan más, yo me conformo con arroz pelado”, dice.
La historia cotidiana de Yajaira no es un ejemplo aislado en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país –caracterizada por la falta de acceso a alimentos y medicinas, el desmoronamiento del Estado, la violencia y las migraciones forzadas– en la que las mujeres llevan una de las peores partes. El monitoreo de la situación nutricional de niños menores de 5 años realizado por la
ONG Cáritas en 42 parroquias de 7 estados de Venezuela, ya ha revelado que una de las tácticas a las que han tenido que recurrir las familias para sobrellevar la adversidad cotidiana ha sido que algunos de sus integrantes dejen de comer para que otros se alimenten. Con mayor frecuencia, quienes se sacrifican son las mujeres, en más de la mitad de los casos, las de mayor edad. “En 60% de los hogares en las parroquias más pobres del país, son ellas quienes sirven de amortiguador del deterioro alimentario familiar”, reseña el informe Mujeres al límite elaborado por la coalición de organizaciones Equivalencias en Acción, que están trabajando en una continuación de esa investigación.
Aunque la inexistencia de cifras oficiales sigue siendo uno de los grandes obstáculos para saber el verdadero alcance de la cri-
sis, el sacrificio que suelen hacer las mujeres a favor de sus familias las deja como uno los segmentos de la población con mayor riesgo de desnutrición, señala Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, una de las ONG responsables del documento, en la que también participaron las organizaciones Avesa, Mujeres en Línea y Freya.
Mediciones de Datanálisis revelan también la vulnerabilidad de las mujeres a la hora de la adquisición de los alimentos: compran más en pequeños expendios como abastos y bodegas de sectores populares en comparación con los hombres (54% ellas y 46% ellos). También son quienes en mayor proporción reciben el CLAP o compran en Mercal, por lo que son más susceptibles a la coacción política que se ha denunciado vinculada con estos mecanismos. “La base de las misiones, consejos comunales y el CLAP está compuesta por un número importante de mujeres, que tratan de estar asociadas a esos esquemas de gobierno para poder tener acceso a los alimentos”, señala Luisa Kislinger, de Mujeres en Línea.
En el caso de la malnutrición infantil, también se ven diferencias de género: según datos recabados por Cáritas, de cada 100 niños afectados con retardo en el crecimiento, un indicador que habla de desnutrición crónica, 53 fueron niñas y 47 varones. “Este tipo de daño nutricional, cuando ocurre antes de los 2 años de vida y en países con las condiciones sanitarias y alimentarias como las que presenta Venezuela actualmente, es irreversible y tiene consecuencias metabólicas, cognitivas y afectivas perjudiciales para toda la vida. De modo tal que serán entonces las niñas quienes soportarán, según estas cifras, las mayores consecuencias a futuro”, advierte el documento.
Pobreza en femenino. La vulnerabilidad de las mujeres también se ve incrementada porque se trata del sector tradicionalmente más pobre. Las últimas cifras oficiales sobre el tema, que datan de 2013, mostraban las inequidades: por cada 100 hombres que vivían en pobreza había 107 mujeres, mientras que en condiciones de pobreza extrema, por cada 100 hombres había 112 mujeres. De un total de 9,1 millones de venezolanos en pobreza, más de la mitad eran de sexo femenino.
Las últimas cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas dan cuenta de cómo el deterioro progresivo de las condiciones de vida se tradujo también en un empeoramiento de la situación de las mujeres. “La tasa de desocupación femenina aumentó 3 veces más que la masculina entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, cuando pasó de 1,5% a 4,5%”. Para tener una idea del impacto social de este dato, hay que tener en cuenta que 4 de cada 10 hogares tienen como jefa a una mujer, apunta Kislinger. “En 70% de los casos se trata de mujeres solas”. Ello, junto con las diferencias en el ingreso que reciben y la calidad del empleo al que tienen acceso las mujeres, así como la carga de trabajo que conlleva el cuidado familiar, que recae sobre los hombros de ellas, lleva a las autoras del informe a señalar que hay “un proceso silente de feminización de la pobreza”.
Para las mujeres que son jefas de hogar no existen redes de apoyo ni tampoco hay un sistema que brinde posibilidades de desarrollo personal, puntualiza Borges. “Las políticas públicas están enfocadas en lo asistencial y no en apoyar las capacidades de las mujeres. En los estratos más desfavorecidos la referencia es convertirse en mamá, no educarse ni avanzar profesionalmente”. Las brechas de género se ven favorecidas por los rasgos culturales y no hay políticas que contribuyan a minimizar las diferencias en el ámbito económico, lo que se agudiza en la crisis, añade.
Sexualidad en rojo. Las precarias condiciones de salud también conspiran contra el bienestar de las mujeres. Borges destaca el agravamiento de la mortalidad materna, cuyas cifras negativas fueron oficialmente reconocidas por el Ministerio de Salud en el último Boletín Epidemiológico que se difundió públicamente, correspondiente a 2016, cuando el número de fallecimientos de embarazadas fue de 756, un aumento de 65,79% con respecto al año anterior, cuando se registraron 456 decesos.
Los casos de mujeres que viajan a parir en otros países, por miedo a que sus hijos nazcan en hospitales que no están dotados y no les garantizan una adecuada atención se han multiplicado. Eso ha ocurrido en Brasil, Colombia y Argentina, a donde las mujeres se aventuran a irse incluso en autobús y en avanzado estado de gestación, señala Kislinger.
Los anticonceptivos siguen siendo un producto escaso en los centros asistenciales públicos, un problema reconocido por el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Venezuela, Jorge González Caro, quien informó el mes pasado que la última compra importante del gobierno de Nicolás Maduro en este renglón databa de 2015.
Una encuesta realizada el año pasado entre mujeres en edad reproductiva reveló que 72% manifestaba no haber encontrado anticonceptivos disponibles en los 12 meses anteriores, 19% admitía que había tenido que comprarlos a bachaqueros o en grupos que los ofrecían en redes sociales, mientras que 27% indicaba que no pudo comprarlos en las farmacias debido a los altos costos. Un 10% dijo que los había tenido que comprar en el extranjero. La venta de estos productos fuera del mercado formal aumenta
En la medida en que se deterioran las condiciones, se incrementa la inflación, hay menos acceso a los servicios básicos como agua, luz o transporte, gestionar la crisis se hace menos viable para las mujeres” Fabiola Romero Directora del Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya
La emergencia humanitaria ha obligado a muchas venezolanas a la migración forzada, como se conoce la huida del país debido a la presión de factores extremos, como el hambre o la violencia. “Responde al desespero de quienes buscan una posibilidad de subsistencia”, señala Beatriz Borges, directora ejecutiva de Centro de Justicia y Paz. Para la especialista, quien además es investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, se trata del síntoma más visible del agravamiento de la crisis, “que se ha hecho vertiginoso”.
Cálculos hechos por la Universidad Simón Bolívar y por la firma Consultores XXI cifraron en 4 millones el número de personas que había dejado el país hasta el año pasado, una cifra que puede aumentar dado que el flujo no ha cesado. Aunque no abundan los registros diferenciados por género, datos oficiales ofrecidos por el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia señalaban que de 442.462 personas que estaban en ese país en situación irregular para el mes de junio, 219.799 eran de sexo femenino. Luisa Kislinger, internacionalista y directora de la ONG Mujeres en Línea, llama la atención sobre el peligro que corre esa población. “En el caso de las mujeres, el riesgo a ser víctima de explotación sexual es la mayor vulnerabilidad que afrontan”.
Las difíciles condiciones en las que muchas venezolanas están emigrando las convierten en blanco de las redes de trata de mujeres, como ya ha sido denunciado en Brasil, Colombia, España y Venezuela, entre otros países. “Los Estados deberían actuar para prevenir este delito”, señala. Sobre esta situación también alerta el informe Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna, de la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado. “Cada vez es más común la denuncia internacional acerca del estado de mendicidad e indigencia de muchos ciudadanos venezolanos en el
Las condiciones en que las mujeres se ven obligadas a abandonar el país las hacen vulnerables a redes de trata de personas y de explotación sexual, alertan ONG. También llaman la atención sobre los femicidios de venezolanas fuera de las fronteras, vinculados con la pérdida de redes de apoyo
exterior, que se convierten en potenciales víctimas para las redes de la delincuencia organizada asociadas al tráfico ilícito de migrantes y la trata”, indican.
Este año, los cuerpos policiales españoles han informado al menos de dos casos de desarticulación de bandas de explotación sexual, entre cuyas víctimas había varias venezolanas. El primero de estos operativos tuvo lugar en febrero, en Barcelona, y el segundo en junio, en Salamanca. A fines del año pasado, la policía mexicana informó que había desmontado grupos similares en Toluca y Cuernavaca. “Tenemos casos de venezolanas, quienes son llevadas a tierras tan cercanas como Cúcuta, Colombia, donde no solo se enfrentan a la explotación por medio de la venta de favores sexuales, sino que en la competencia con las nativas colombianas deben ceder a las exigencias de los cuerpos de seguridad de ese país, cayendo en una especie de revictimización a través de la explotación sexual y de pagos de coimas para mantener su estatus de trabajo dentro de ese país”, agrega el informe de Paz Activa.
Miembros de ONG que observan el paso fronterizo con Colombia han alertado sobre las precarias condiciones de los emigrantes venezolanos, que muchas veces no han tenido ni siquiera acceso a agua potable antes de emprender el viaje. “Nos han denunciado casos de familias que están sometiendo a la prostitución a algunos de sus miembros, entre ellas, niñas o adolescentes, con el fin de reunir recursos para continuar con el viaje a otros países”, agrega Kislinger.
Muerte fuera de las fronteras. Las ONG de defensa de los derechos de las mujeres también están preocupadas por la recurrencia de informaciones sobre asesinatos de venezolanas en el extranjero, en varios casos cometidos por las parejas con las que emigraron. Kislinger señala que se trata de un problema que debe ser investigado y sobre el que es necesario reflexionar.
Se han reportado sucesos de este tipo en países como Chile, Perú y México. “Una de nuestras conclusiones es que muchas veces las mujeres están inmersas en la espiral de violencia que precede al femicidio, pero al emigrar, han perdido su red de apoyo, están en un entorno en el que no pueden acudir a su familia o a las amigas para protegerse y los agresores pueden considerarse con mayor impunidad para actuar. Esto incrementa la vulnerabilidad”.
Asimismo se han denunciado asesinatos de venezolanas dedicadas al trabajo sexual. Kislinger alerta sobre la vinculación de esos femicidios con la actuación de las redes de trata de mujeres, que muchas veces captan a sus víctimas con ofertas de trabajo engañosas.
El informe de Paz Activa alerta que la trata de mujeres se ha visto exacerbada, dentro del país, en las zonas mineras, donde bajo intimidación y coacción, muchas son obligadas a realizar favores sexuales. “En las denominadas ‘currutelas’ que circundan las minas, prolifera la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, de diversas nacionalidades y procedencias étnicas”, señala el texto. Entre las comunidades más vulnerables están los pueblos indígenas, cuya fragilidad se ha visto avivada por las irregularidades alrededor del Arco Minero.
Las mujeres están inmersas en la espiral de violencia que precede al femicidio, pero al emigrar, han perdido su red de apoyo, están en un entorno en el que no pueden acudir a su familia o a las amigas para protegerse y los agresores pueden considerarse con mayor impunidad” Luisa Kislinger Mujeres en Línea