Los países que integran el Grupo de Lima pidieron este martes que los testimonios y documentos sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela incluidos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sirvan de prueba para las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
La Argentina, que integra formalmente ese grupo, decidió no firmar el pedido, a pesar de que la semana pasada refrendó el informe de la ONU y votó a favor de alargar la permanencia en Caracas de la comisión especial que investiga los crímenes del régimen chavista.
“A la luz de los hallazgos de estas investigaciones, (pedimos que) los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección”, solicitaron en un comunicado Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, El documento también fue firmado por los representantes del legislador opositor Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por el Congreso de ese país.
Los países del Grupo de Lima también reclamaron una investigación “a fondo” y urgente sobre las supuestas
“conexiones” del Ejecutivo bolivariano con el “crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando”.
El grupo de naciones renovó su respaldo a Guaidó y rechazó las elecciones del 6 de diciembre próximo convocadas por Caracas para elegir una nueva Asamblea Nacional. La intención del Grupo de Lima es que esos comicios se posterguen hasta que se pueda asegurar la transparencia.
Argentina no acompañó el pedido del resto de los países. Es conocida la interna desatada en el Frente de Todos por la votación en la ONU de la semana pasada. ¿Se procuró evitar otra fractura en el oficialismo?
Desde Cancillería se aclaró que no suscribe el reclamo del Grupo de Lima para que los hallazgos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI), y advirtió que no puede “admitirse una vía de acción” sobre ese país que pueda “generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe”.
“El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Para la Cancillería, “en primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, en referencia a Juan Guaidó.
“La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global”, sostuvo la cartera que encabeza Felipe Solá.
Indicó que “en este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el Estado de Derecho’”.
“Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe”, añadió.