El Tribunal de Apelaciones de Londres analizó ayer si el Gobierno del Reino Unido se excedió en sus prerrogativas legales cuando en el 2019 reconoció a Juan Guaidó como «presidente constitucional interino» de Venezuela después de que Nicolás Maduro rechazara convocar nuevas elecciones.
Los abogados de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV), designada por Maduro y encabezada por Calixto Ortega, plantearon esta tesis al defender su recurso contra un fallo del 2 de julio, que dio al equipo «ad hoc» de Guaidó autoridad sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra (BoE). Los letrados del BCV sostienen que el BoE debe seguir sus directrices y transferir las reservas, que suman 1.800 millones de euros, porque el de Maduro es el «Gobierno de facto» y lo contrario iría en contra del principio de no intervenir en los asuntos internos de otro país.
La dirección del Banco Central de Venezuela nombrada por Maduro demandó esa transferencia, que sería canalizada por el Programa de la ONU para el Desarrollo (UNDP) con la misión de comprar medicinas y equipamiento para combatir la epidemia de covid-19 en el país. El BoE negó la petición en enero del 2019 al no saber si era el Gobierno legítimo en Caracas.
Un juez del Tribunal Superior dio en julio la razón a la dirección alternativa del banco central venezolano, nombrada por Guaidó, que días antes de que el Banco de Inglaterra rechazase la transferencia se había declarado «presidente encargado», después de que la Asamblea negase esa posición a Maduro por irregularidades en las elecciones del 2018. El consejo de Maduro recurrió contra esa sentencia y las vistas han comenzado con una premura inusual, recomendada por la urgencia de una decisión que tiene graves repercusiones en la población de Venezuela.
El juicio, presidido por tres magistrados, terminará el jueves y es probable que tras la sentencia la parte perdedora reciba la venia para recurrir al Supremo.
El juez Nigel Teare, que falló en favor de la dirección del banco central nombrada por la oposición, se basó en una declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, en la que expresó, también en enero del 2019, que el Reino Unido reconocía a Guaidó como «presidente interino» a la espera de que Maduro convocase nuevas elecciones. Los tribunales, según la interpretación del magistrado, no pueden modificar esa decisión, que es prerrogativa del Gobierno.