OSPINO, Venezuela.– El coloso irlandés de los empaques Smurfit Kappa se sumó recientemente a otras compañías multinacionales que están abandonando Venezuela en medio de una disputa con el Gobierno socialista del Presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, este caso tiene un giro inusual. Cientos de empleados, quienes contaban con la compañía irlandesa para recibir transporte, educación, vivienda y alimento, siguen yendo a trabajar. Se turnan para proteger la maquinaria pesada inactiva de los saqueos que se han desatado al tiempo que Venezuela cae en la hiperinflación y el caos económico.
Su esperanza es que alguien –que no sea el Gobierno de Maduro– reinicie operaciones.
“Ayuda, necesitamos un jefe aquí. Estamos desesperados”, expresó Ramón Mendoza, quien tenía 17 años de trabajar en la división de silvicultura de Smurfit. “Estamos muy asustados porque ahora sabemos que todo lo que hace el Gobierno es destruir todos los negocios”.
Su aprieto subraya la devastación que enfrentan las comunidades rurales de Venezuela a medida que las compañías privadas se marchan de un país que alguna vez fue el más rico de América Latina.
La economía se ha reducido a la mitad en los últimos cuatro años y el Fondo Monetario Internacional pronostica que la inflación del año entrante alcanzará 10 millones por ciento, la más alta del mundo, obligando a millones de venezolanos a huir. Maduro ha respondido intensificando los controles de precios e interviniendo en el sector privado.
Un sondeo realizado por la Confederación Industrial de Venezuela halló que más de 200 compañías industriales dejaron de operar en el segundo trimestre del 2018, mientras que casi la mitad de las encuestadas reportó que trabajaba a alrededor del 20% de su capacidad a falta de materias primas.
“Esto es muy grave”, manifestó Juan Pablo Olalquiaga, el presidente de la Confederación.
Smurfit, que había operado aquí durante seis décadas, se marchó abruptamente a finales de septiembre, luego de que oficiales militares venezolanos arrestaron a varios gerentes y confiscaron sus plantas.
Las autoridades acusaron a la compañía de especulación de mercado y exigieron que bajara en 80% los precios de algunos productos, de acuerdo con líderes sindicales. Smurfit negó las acusaciones. Dos de sus gerentes continúan detenidos.
El cierre de Smurfit dejó a mil 600 personas desempleadas y a compañías, desde Nestlé hasta Empresas Polar, sin material de empaque, señaló Olalquiaga.
Colgate-palmolive detuvo la producción en una planta el mes pasado, porque no tenía cajas para empacar sus jabones y detergentes, apuntó Carlos Rodríguez, un líder sindical allí.
En un país dependiente del petróleo, Smurfit era una de las pocas compañías no energéticas que producían sus propias materias primas e incluso exportaban productos. Su salida es problemática para los trabajadores despedidos y comunidades aledañas esparcidas por todo el país, que se volvieron aún más dependientes de la compañía al tiempo que el país caía en la crisis.
Los trabajadores que viven en zonas aledañas habían recibido créditos sin intereses de Smurfit para sus casas. Los residentes indican que ya no pueden contar con las cuatro ambulancias que pagaba la compañía para atender a comunidades de chozas con techos de lámina.
En la Escuela Técnica Agraria en el poblado cercano de Acarigua, que era financiada en su totalidad por Smurfit, casi 200 menores que viven en pobreza extrema solían recibir educación y alojamiento, así como comidas calientes que se han convertido en un lujo a medida que se colapsan los planteles públicos. En el curso de dos décadas, muchos de sus egresados habían ido a trabajar para Smurfit.
Se suponía que el año escolar iba a iniciar el 1 de octubre. Pero sin dinero para alimentar y transportar a los alumnos, hay silencio en los pasillos, lo que provoca las lágrimas de María Vielma, la psicóloga del plantel.
“Ésta solía ser una familia. Simplemente, no tengo palabras ahorita”, declaró Vielma.
Smurfit había enfrentado muchas provocaciones a través de los años, incluyendo la expropiación de varias propiedades forestales por el mentor y antecesor de Maduro, el difunto Hugo Chávez. Gran parte de esas tierras nacionalizadas, en las afueras de Ospino, se quedaron sin árboles que fueron talados para producir combustible y ahora están ocupadas por pequeñas barriadas.
En años recientes –al tiempo que compañías desde Clorox hasta Kimberly Clark y General Mills se han ido de Venezuela– el Gobierno revolucionario había sido rápido para tomar control de sus fábricas.
Sin embargo, la producción de las compañías se ha colapsado desde entonces, y sus productos han escaseado. En las redes sociales, los aliados de Maduro han posteado videos de la fábrica de Kellogg celebrando al tiempo que una caja de Corn Flakes se desliza por la línea de producción.
No obstante, los trabajadores en la planta revelan que supervisores gubernamentales se llevan lo poco que se produce.
En días recientes, el Gobierno de Maduro anunció que había ideado una solución para la planta de Smurfit: que los trabajadores la operarían por sí mismos. El Gobierno señaló que no la nacionalizaría, pero nombró un consejo temporal para ayudar a reiniciar operaciones.
Pero los trabajadores aseguran que no pueden operar la planta por sí solos e insisten que quieren jefes, sólo que no del Gobierno.
Para muchos de los trabajadores de Smurfit, el final llegó rápido. A fines de septiembre, los trabajadores recibieron inesperadamente pagos de indemnización en sus cuentas bancarias. Gabriel Márquez, quien laboró en una planta de Smurfit en Valencia durante casi 11 años, dijo que usó el dinero para invertir en un solo billete de 20 dólares.