Quienes saquearon al país deben reponer lo robado.

• ABC Color
• 31 Aug 2018

Los organismos estatales competentes deben tomar nota de que la ciudadanía está cada vez más harta de la impunidad de los facinerosos que ejercen o ejercieron una función pública. Se halla en marcha una rebelión cívica contra quienes han venido saqueando el país al amparo del poder político y que, como esperamos, habrá de continuar mientras los peces gordos de la corrupción no sean sancionados de acuerdo a la ley. Ella podría extenderse a quienes desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se convierten, de hecho, en encubridores de los sinvergüenzas. Es hora, pues, de que los fiscales y jueces que se crean honestos cumplan con su deber de perseguir y juzgar a quienes se apropian del dinero público o privan al erario de sus legítimos ingresos. Resulta indignante que se cajoneen investigaciones o se toleren chicanas reiteradas que dilatan los procesos penales de altos funcionarios y políticos. Pero los ciudadanos y las ciudadanas están demostrando que ya no toleran ni van a tolerar esta indignante situación. Quienes delinquen deben ir a la cárcel, y quienes han robado o causado otro tipo de perjuicio al Estado deben reparar el daño con sus bienes.

Los organismos estatales competentes deben tomar nota de que la ciudadanía está cada vez más harta de la impunidad de los facinerosos que ejercen o ejercieron una función pública. Se halla en marcha una rebelión cívica contra quienes han venido saqueando el país al amparo del poder político y que, como esperamos, habrá de continuar mientras los peces gordos de la corrupción no sean sancionados de acuerdo a la ley. Ella podría extenderse a quienes desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se convierten, de hecho, en encubridores de los sinvergüenzas. Es hora, pues, de que los fiscales y jueces que se crean honestos cumplan con su deber de perseguir y juzgar a quienes se apropian del dinero público o privan al erario de sus legítimos ingresos.

Resulta indignante que se cajoneen investigaciones o se toleren chicanas reiteradas que dilatan los procesos penales. Todos los altos funcionarios y políticos están muy seguros de su impunidad porque saben cómo poner palos en la rueda de la Justicia. Así, resulta escandaloso que los diez legisladores hoy encausados entorpezcan las actuaciones fiscales y judiciales para demorar a toda costa un fallo definitivo que, con alta probabilidad, será condenatorio. El caso más evidente de genuflexión del Poder Judicial ante los mismos es el del senador Víctor Bogado (ANR), imputado el 23 de octubre de 2013 –¡hace casi cinco años!– como autor del delito de estafa y cómplice de cobro indebido de honorarios. Increíblemente, no se ha iniciado tan siquiera el juicio oral porque, entre otras cosas, la Corte Suprema de Justicia paralizó durante dos años el trámite de una acción dilatoria de inconstitucionalidad promovida por el susodicho. Por eso, es plausible que en medio de esta ineficiencia y sometimiento del aparato judicial ante los poderosos, la Fiscalía se esté movilizando para investigar un contundente informe de la Seprelad emitido dos meses antes sobre las descomunales fechorías del exsenador Óscar González Daher. Es de esperar que la relativa celeridad no sea atribuible al cambio de Gobierno, sino al genuino deseo de cumplir con la Constitución y las leyes persiguiendo a quienes las infringen. Se estima que las operaciones sospechosas del clan González Daher se elevan a la monstruosa suma de más de 8 billones de guaraníes, equivalente a unos 1.400 millones de dólares. Por cierto, la pesquisa iniciada no debería limitarse a los supuestos autores de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal, sino alcanzar también a los cómplices y encubridores instalados en la administración tributaria. Los presuntos ilícitos en la función pública se extienden mucho más allá de los González Daher y sus numerosos negocios. Hay muchos otros personajes, algunos ya procesados y otros simplemente indiciados. Por ejemplo, el senador Jorge Oviedo Matto (Unace), que está trabando la causa abierta por un presunto tráfico de influencias para impulsar, como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, una denuncia contra una agente fiscal. Este mismo personaje está involucrado en el escandaloso caso de la venta al Indert de tierras de la empresa San Agustín S.A., en una operación más político-electoral antes que de reforma agraria. También es preciso que el Ministerio Público apure la investigación al expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, quien sería dueño de una cuantiosa fortuna, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación criminal, denunciados en 2016 por el hoy “parlasuriano” Nelson Argaña (ANR). Sería muy saludable, por ejemplo, que el expresidente responda adónde fueron a parar los 300 millones de dólares que hoy Venezuela le reclama al Paraguay en los estrados internacionales por la provisión de petróleo a crédito, con base en un acuerdo firmado en 2004 con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Nuestro diario y otras voces advirtieron en reiteradas ocasiones que una operación de esa naturaleza era absolutamente innecesaria, por ser los derivados del petróleo productos adquiridos por los consumidores con dinero contante y sonante en las estaciones de servicio, y por tanto, mercaderías a ser amortizadas de inmediato para seguir recibiéndolas. Según el exministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, la enorme deuda impaga a PDVSA se generó en los años 2008 y 2009, durante los gobiernos de Duarte Frutos y Fernando Lugo, quienes no abonaron las facturas correspondientes, y, por tanto, deberían aclarar a qué destinaron tan importante suma. Pero, en vez de ser requeridos por este oscuro negociado, Lugo hoy es senador nacional y Duarte Frutos fue premiado recientemente con su nombramiento al frente de uno de los cargos más apetecibles, la dirección paraguaya de la Entidad Binacional Yacyretá. El hoy “parlasuriano” Enzo Cardozo (PLRA), acusado del delito de malversación que habría cometido como ministro de Agricultura y Ganadería, exhibe la misma impúdica conducta procesal, chicaneando también desde hace cinco años. Y lo mismo hacen todos los demás legisladores procesados. Los ciudadanos y las ciudadanas están demostrando que ya no toleran ni van a tolerar esta indignante situación. Quienes delinquen deben ir a la cárcel, y quienes han robado o causado otro tipo de perjuicio al Estado en el ejercicio de sus funciones deben reparar el daño con sus bienes. Así de simple. Llegó la hora de poner de moda la vigencia de la ley.

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