El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice estar seguro de que los drones con explosivos que sobrevolaron la celebración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) planeaban terminar con su vida. «Han intentado asesinarme y todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la colombiana. Juan Manuel Santos está detrás de este atentado», dijo tras el ataque. Maduro sostuvo que no habrá perdón y prometió un castigo máximo para los autores.
«Le digo a la burguesía venezolana, a los opositores, que si logran hacerme algo, deben verse las caras con miles de millones de obreros y campesinos haciendo justicia por su propia mano. No quedará polvo sobre polvo de ustedes», dijo el mandatario. La oposición osciló entre el repudio y la desconfianza, y mucho más después de escuchar a Maduro. Lo que se teme es un mayor endurecimiento político del Gobierno en momentos de extrema gravedad económica y social, y cuando los crujidos de las grietas en el frente interno se hacen más visibles.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, reveló que cada uno de los artefactos tenía un kilogramo de explosivo C4. «Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio», dijo Reverol. Las fuerzas de seguridad han detenido a seis personas e incautado varios vehículos. A la vez, se han realizado registros en varios hoteles de la capital. «Están identificados los autores materiales e intelectuales», dijo el ministro, que no descartó nuevos arrestos.
«SANCIÓN IMPLACABLE» El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que en las próximas horas se darán a conocer las identidades de los detenidos. «Van a aportar toda la información que están obligados a aportar sobre este acto terrorista (…) Habrá una sanción implacable», anticipó Saab, quien también estuvo en el palco cerca de Maduro. El fiscal con- sideró que no puede descartarse «la cooperación de algún factor subversivo terrorista fuera de Venezuela». De haberse consumado el intento de asesinato, el país se habría colocado «a minutos de una guerra civil», señaló.
Saab no hizo mención a los fantasmales Soldados de Franela, que a través de las redes sociales se atribuyeron el atentado, que bautizaron como operación Fénix. Francotiradores de la guardia de honor «derribaron los drones antes de llegar al objetivo», según su versión. El supuesto grupo de «militares y civiles patriotas y leales al pueblo de Venezuela» aseguró haber demostrado que la cúpula madurista se ha mostrado «vulnerable» y que dar en el blanco es «cuestión de tiempo».
Desde Bogotá, el Gobierno colombiano rechazó enérgicamente las acusaciones lanzadas por Maduro contra Santos. «Resultan absurdas y carecen de todo fundamento las acusaciones de que sea el responsable del supuesto atentado contra el presidente venezolano», se expuso desde el Gobierno de Bogotá. Y se añadió que «ya es costumbre» en Maduro culpar «permanentemente» al país vecino «de cualquier tipo de situación». Una fuente de la Presidencia declaró que Santos está dedicado al bautizo de su nieta, Celeste, «y no a tumbar gobiernos extranjeros».
Aunque la denuncia de Maduro encontró eco en sus aliados latinoamericanos (Cuba, Nicaragua, Bolivia), la oposición de centro derecha e incluso del chavismo disidente creyeron encontrar razones para desconfiar. «¡No queremos atentados ni autoatentados, no queremos golpes ni autogolpes! ¡Tampoco queremos más hiperinflación, más hambre ni más muerte por falta de medicinas!», dijo Jesús Torrealba, exsecretario de la hoy atomizada coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
CORTINA DE HUMO El Frente Amplio (FA), la nueva alianza opositora, estimó que «aún está por verse si realmente fue un atentado, un accidente fortuito o alguna de las otras versiones que circulan por redes sociales»». El FA, que reúne a parte de la MUD y ha incluido en su seno a chavistas críticos, lamentó que «el régimen» haya acusado «de forma genérica, irresponsable y sin prueba alguna» a «todos los venezolanos que se oponen y critican la gestión» de Maduro.
El FA pidió «esperar a las investigaciones» antes de sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, percibe que «las primeras reacciones» del Gobierno «no están dirigidas a esclarecer estos hechos, sino a aprovechar la situación» y, así, «desviar la atención del verdadero problema que afecta al país, que es el de la tragedia humanitaria y la catástrofe económica y social