Los dos ex militares estadounidenses Luke Denmnan y Airan Berry, que participaron en un fallido intento de invasión a Venezuela junto a medio centenar de ciudadanos del país caribeño, fueron condenados a 20 años de prisión, informó el viernes el fiscal general, Tarek William Saab, por conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo.
Denman y Berry, empleados de la contratista militar estadounidense Silvercorp, fueron arrestados el segundo intento de incursión de un ataque contra las costas venezolanas en el que murieron al menos ocho personas y medio centenar fueron arrestadas.
Según detalló el fiscal venezolano, la decisión fue tomada en la primera audiencia preliminar en la que los dos ex boinas verdes estadounidenses “fueron acusados por fiscales de la causa por graves delitos. Luego de la anterior audiencia, admitieron su responsabilidad en los hechos”.
La Justicia de Venezuela ya había dictado en mayo pasado prisión preventiva para 40 personas por su vinculación con el fallido ataque marítimo que, según el Gobierno, tenía como objetivo matar al presidente Nicolás Maduro.
Uno de los que quedó entonces en prisión preventiva es el capitán Antonio Sequeda, ex integrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), acusado de los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración contra Maduro, traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, además de terrorismo y asociación para delinquir.
Otro de los participantes, Josnars Adolfo Baduel, hijo del general, ex comandante del Ejército y ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, también fue remitido a prisión de manera preventiva, acusado de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.
El general Baduel fue aliado de Hugo Chávez y es considerado el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que le derrocó durante 48 horas en abril de 2002. En el año 2009 fue enviado a prisión tras ser acusado por corrupción.
Denman tiene 34 años y aseguró en una declaración judicial que tenía órdenes de tomar el control de un aeropuerto cercano a Caracas para enviar a Maduro a EEUU, donde es reclamado por varios delitos relacionados con el narcotráfico.