Washington— Congresistas demócratas hicieron un llamado para que se lleven a cabo audiencias sobre la política gubernamental registrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México de denegar pasaportes a estadounidenses hispanos y cuestionar la ciudadanía de cientos, quizá miles de estadounidenses, dio a conocer The Washington Post.
Varios congresistas texanos señalaron que la política gubernamental reportada el miércoles por el Washington Post forma parte del sistemático prejuicio antihispano con el que se ha guiado la política inmigratoria de la administración, sugiriendo que propondrían iniciativas dirigidas a abordar dicha política.
“Esto representa una inaceptable focalización de personas con base en su legado étnico. Viola la Constitución. Ambas cámaras del Congreso deben investigarlo, y nosotros debemos tomar lo más pronto posible medidas para ponerle alto, de ser necesario mediante leyes”, dijo el representante demócrata Joaquín Castro.
Sin embargo resulta poco probable que los dirigentes republicanos del Congreso y el Senado cedan ante las exigencias demócratas en cualquier propuesta de ley al respecto.
Washington— El Departamento de Estado está negando pasaportes a gran número de personas con actas oficiales de nacimiento estadounidenses que dicen haber nacido en el Sur texano en el curso de los últimos 70 años. El Gobierno alega que hace décadas, parteras y varios médicos de la región proporcionaban actas de nacimiento falsas a bebés que habían nacido en México. En ciertos casos, durante los años 90, admitieron su culpabilidad varios de esos prestadores de servicios de nacimientos.
Pero esos mismos doctores y parteras acusados de fraude también trajeron al mundo a decenas de miles de niños en Texas y, decenios más tarde, resulta casi imposible distinguir entre el relativamente reducido número de actas de nacimiento falsas y la gran cantidad de legales. Lo anterior ha lanzado a excombatientes militares, agentes de la Patrulla Fronteriza y policías en un frenético esfuerzo por probar que nacieron en Estados Unidos.
En el documento “Emisión/denegación domésticas relacionadas con documentos de nacimiento potencialmente fraudulentos a lo largo de la frontera Sur”, el Departamento de Estado señala que durante el 2017 se les denegaron los pasaportes a 971 personas, o 28 por ciento de esa categoría, proporción menor que en cualquiera de los cuatro años previos.
Pero al parecer en las cifras anteriores se omiten datos cruciales. En la mayoría de los casos que revisó el Post, a los solicitantes de pasaportes atendidos por parteras al nacer en el Sur de Texas en repetidas ocasiones se les pidieron documentos adicionales, aunque el Departamento de Estado nunca les haya denegado formalmente el pasaporte.
El Departamento de Estado no respondió a las solicitudes de estadísticas acerca de estos casos.
“La idea de que porque unas cuantas personas falsificaron documentos se haya dado pie a la presunción que pone en duda todos los documentos emitidos en una región, es como decir que alguien es culpable hasta que se pruebe su inocencia”, dijo el representante demócrata Vicente González. “Yo planeo trabajar con mis colegas de ambos partidos a efecto de emplear nuestro poder de supervisión congresista para poner fin a estas medidas injustificadas que han continuado por demasiado tiempo”.
Otros miembros del Congreso dijeron que les gustaría realizar audiencias sobre el tema.
“Estamos cuestionando a ciudadanos de Estados Unidos que llevan años siendo ciudadanos de este país y que en años anteriores han sacado pasaporte”, dijo la representante demócrata Sheila Jackson Lee. “No existe base alguna para decir que estén violando la seguridad. Voy a solicitar que se lleven a cabo audiencias en el Comité Judicial y en el Subcomité de Inmigración de Seguridad Interna”.