En peligro de quiebra el aparato productivo

La vicepresidente Delcy Rodríguez afirmó que ya comenzaron a depositar el bono de 600 bolívares soberanos a los poseedores de carnet de la patria

El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Rafael Guzmán, aseveró que con la reconversión el gobierno le puso más ceros a la tragedia de los venezolanos

El directivo de la federación empresarial manifestó que el alza es inmanejable en una economía con una grave depresión: “En el sector privado no existe la actividad económica ni el flujo de caja para cumplir ese aumento en la nómina, y es poco creíble que el gobierno cubra por 90 días los pagos salariales de las medianas y pequeñas empresas”. Advirtió que si el gobierno usa dinero inorgánico para beneficiar a 10 millones de personas con el carnet de la patria con 600 bolívares soberanos, estaría dándole un empujón a la inflación y “será muy negativo”. Insistió en que es un grave error anclar el bolívar soberano al petro.

Las medidas económicas anunciadas el viernes por el presidente Nicolás Maduro colocan una camisa de fuerza al flujo de caja de las empresas privadas por lo oneroso que significa pagar un aumento salarial de 3.500% –de 5.196.000 millones de bolívares que estaba el sueldo integral pasó a 180 millones el salario mínimo– a partir del 1º de septiembre, que según el mandatario cancelaría la primera quincena el 7 de ese mes, además del incremento de la carga impositiva, manifestaron los gremios empresariales.

“El aparato productivo está en grave riesgo de quiebra por la forma como se están implementado las medidas”, expresó el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, que leyó un comunicado en rueda de prensa a la que asistieron otros dirigentes empresariales, entre ellos el presidente de Conindustria, Juan Carlos Olalquiaga.

Advierte que las medidas gubernamentales “aumentarán la inestabilidad en la economía” e indicó que elevar los salarios es necesario, pero en un porcentaje de 3.500% se hace totalmente inmanejable en una economía con una fuerte depresión.

“No existe el nivel de actividad económica ni el flujo de caja en las empresas para cumplir con este incremento”. Dejó la interrogante de si el sistema bancario nacional está en capacidad de otorgar créditos a muchas empresas que lo solicitarán para cubrir el gasto de la nómina.

Sobre la oferta del gobierno de cubrir el aumento salarial por 90 días a las medianas y pequeñas empresas, previa entrega de las nóminas, señaló que eso es “poco creíble por las dificultades de su aplicación”. Recordó que ya el Ejecutivo tiene la data con la lista del personal de las empresas en el Seguro Social, en el Inces y en Impsasel.

Alertó que si el gobierno apela al dinero inorgánico para cancelar el “bono de reconversión” de 600 bolívares soberanos a 10 millones de personas con el carnet de la patria, ello implica emitir dinero inorgánico que aumenta la liquidez y empuja la inflación. “Si no se controla la hiperinflación, el impacto de las medidas será muy negativo”.

Larrazábal indicó que el anclaje del bolívar soberano al petro es un serio error, pues la moneda virtual no es reconocida por ningún actor económico nacional e internacional y está atada al precio del petróleo que por su naturaleza es altamente volátil, de allí la conveniencia de usar monedas duras como el dólar y el euro.

Al ser consultado acerca de la convocatoria del paro de hoy, el directivo aclaró que el sector empresarial no llama a un paro patronal porque la iniciativa parte de la sociedad civil, por lo que cada ciudadano decide voluntariamente si se suma o no a la protesta: “Lo que respetamos”.

Si bien Consecomercio no participó en la rueda de prensa, coincide con Fedecámaras y Conindustria. María Carolina Uzcátegui, presidente del gremio comercial, afirmó que el llamado es a que hoy sea un día de asambleas, de reuniones entre empleadores y traba-

jadores para llegar a acuerdos sobre la manera en la que van a funcionar. “No apostamos por destruir el aparato productivo. Apuntamos a construir y a producir para sacar al país de donde está”, expresó.

El gobierno, añadió, decretó un aumento salarial totalmente inconsulto. Irrespetó la norma establecida internacionalmente de que los acuerdos salariales deben ser decididos entre las partes del órgano tripartito: trabajadores, empleadores y gobierno. “En esta ocasión, y como es costumbre en los últimos 20 años, el gobierno decidió sin tomar en cuenta a las otras dos partes”, dijo.

La compensación salarial que anunció el mandatario por los próximos 90 días suscita dudas: “¿Por qué permitió que los trabajadores de la salud reclamaran por más de 60 días mejoras salariales? ¿Por qué ahora pretenden asumir las responsabilidades de las empresas, que lo único que pedimos es que nos permitan producir para poder pagar lo necesario?”, inquirió.