El Tribunal Supremo de Venezuela exige a España la extradición del líder opositor Leopoldo López por haber calificado al régimen de Nicolás Maduro de «corrupto, opresor y antidemocrático». Por este motivo le considera un peligro para la «paz pública» y reclama su entrega para que sea inmediatamente encarcelado de nuevo y termine de cumplir la condena de casi 14 años que le fue impuesta en un proceso repleto de irregularidades.
El Tribunal Supremo de Venezuela justifica su petición de extradición de Leopoldo López bajo el argumento de «proteger la paz pública» y combatir «la alteración del orden público y jurídico». Al mismo tiempo subraya que no le acusa de «delitos políticos» pero, sin embargo, le recrimina haber acusado al régimen de Nicolás Maduro de estar «vinculado con el narcotráfico» y de ser «corrupto, opresor y antidemocrático».
Con estos argumentos, la República Bolivariana de Venezuela reclama a España la entrega del dirigente opositor, que reside en Madrid desde el pasado mes de octubre, y que fue condenado a casi 14 años de prisión por la justicia caribeña.
EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva a la orden de extradición que acaba de ser cursada ante la Justicia española. El documento alude a la participación de López en el alzamiento de 2020, que fue abortado por las autoridades. Pero también subraya que el opositor fue condenado en 2015 por incitar a través de sus discursos episodios violentos que tuvieron lugar desde febrero de 2014, durante la celebración de unas manifestaciones antigubernamentales que terminaron con 43 muertos y miles de heridos.
Cabe recordar que López estuvo preso tres años en la prisión militar de Ramo Verde hasta que gracias a la mediación internacional pasó a ser arrestado en su domicilio. En abril de 2019 fue liberado por los guardias que le custodiaban y participó en un alzamiento fallido contra el presidente Nicolás Maduro.
«Es importante acotar que tanto en la legislación venezolana como en la legislación del Reino de España», señala la orden de extradición, «lo que se pretende es proteger la paz pública, evitar la alteración del ordenamiento jurídico, así como también la alteración del orden público». Un extremo que «a su vez genera una identidad sustancial del delito de autor en el delito de instigación entre ambos ordenamientos jurídicos», arguye.
La magistrada Elsa Janeth Gómez destaca que López fue condenado por un juzgado de Primera Instancia de Caracas a 13 años y a nueve meses de prisión por los delitos de «determinador en incendio, daños, instigación pública y asociación».
Todo ello por haber realizado «llamados de violencia» que, a juicio de la República Bolivariana, «desencadenaron el ataque desmedido de un grupo de personas que actuaron de forma individual pero determinados por los discursos» del dirigente opositor.
A su vez le recrimina haber acusado al régimen de Venezuela de «tener vínculos con el narcotráfico y ser corrupto, opresor y antidemocrático» y de haber utilizado para ello su cuenta de Twitter.
«Era clara la estrategia fijada por López y su grupo estructurado de utilizar los medios de comunicación social convencionales y alternativos para darle fuerza a sus discursos de contenido violento, pues su único propósito era desaparecer la tranquilidad pública», apunta la magistrada.
La solicitud de extradición destaca, además, que cuenta con el respaldo del fiscal general de la República Bolivariana, Tarek Williams Saab, que se pronunció a favor el pasado 29 de abril señalando que la considera «procedente y ajustada a derecho». También incide en que los delitos que le atribuye «se encuentran previstos» tanto en la legislación venezolana como en la española.
El Tribunal Supremo de Venezuela añade que ya dictó contra López una orden de detención y que éste «incumplió las obligaciones impuestas con ocasión del otorgamiento de la libertad condicional bajo la modalidad de medida humanitaria».
«Resulta de suma importancia señalar», prosigue el Supremo venezolano, «que los delitos por los cuales fue condenado López no constituyen en modo alguno delitos de tipo político y tampoco guardan relación de conexidad con los delitos de índole político». Pese a ello, uno de los elementos que le recrimina es el de haber pedido públicamente «salir a conquistar la democracia».
El disidente Leopoldo López, asistido en España por el bufete Cremades Calvo-Sotelo, por su parte, considera que se trata de una «maniobra para intimidar a la oposición» por parte de «una tiranía criminal» y avisa de que no le callarán.