Tensión en las relaciones entre Uruguay y Perú

▃▃ Perú entregó ayer al embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, decenas de páginas para demostrar que no corresponde conceder el asilo al exmandatario Alan García, que entró el fin de semana a la residencia del diplomático. El vicecanciller peruano Hugo de Zela dijo a El País que su gobierno esperará “con paciencia” la decisión uruguaya y aseguró que en Perú hay separación de poderes y García tiene garantizado el debido proceso. El funcionario no quiso adelantar cómo quedarían las relaciones entre Uruguay y Perú en caso de que se le conceda asilo a García. Los partidarios de García, que fue dos veces presidente, denuncian una persecución política y mediática y que jueces y fiscales están en su contra.

El gobierno peruano le entregó ayer por la tarde al embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, decenas de páginas de documentos en los que sostiene que en Perú hay un régimen democrático, con separación de poderes por lo que no procede dar un asilo al exmandatario incaico, Alan García. Barros, en cuya residencia del exclusivo barrio limeño de San Isidro entró García el sábado, se reunió con el vicecanciller Hugo de Zela en el palacio de Torre Tagle, sede la cancillería peruana.

El embajador de Zela dijo a El País que en la documentación se enfatiza que en Perú “hay un sistema democrático, plena vigencia del estado de derecho y la separación de poderes” y que “no hay interferencia en el debido proceso y no hay persecución política”. También se señala en la documentación que este año tanto Perú como Uruguay firmaron el “Compromiso de Lima” para combatir la corrupción. Cuando El País le preguntó cómo quedarían las relaciones bilaterales si Uruguay concede el asilo, de Zela señaló que “es un análisis que haremos cuando Uruguay responda”. Tampoco quiso asegurar que Perú vaya a expedir un salvoconducto si Uruguay concede el asilo. “Hay que ver cómo Uruguay toma la decisión y si lo pide”, señaló. El vicecanciller reconoció que la Convención de Caracas que regula el asilo no pone plazos para que el país al que se le pide, responda. Consultado hasta cuándo esperaría Perú respondió: “esperaríamos con paciencia”. En la documentación se incluye un resumen de las investigaciones en trámite sobre García, a quien se acusa de corrupción.

Al salir de la reunión, Barros se limitó a comentar que Uruguay se tomará “todo el tiempo necesario” para analizar la situación planteada. Cuando se le preguntó si consideraba que García era un perseguido político respondió: “yo no considero nada”. “La documentación será enviada de inmediato al gobierno de Uruguay”, se limitó a decir el diplomático.

Uruguay se tomará el tiempo “necesario” para analizar los planteos peruanos.

En el entorno más cercano del expresidente de Perú, Alan García Pérez, se entiende que es claro que el Poder Judicial de ese país no le da garantías al exmandatario y que existía la intención de impedir su salida del país, incluso antes de que se realizase la audiencia que debía determinarlo. Así habría quedado evidenciado en instrucciones que el gobierno dio a las autoridades migratorias. Dirigentes del histórico partido APRA de García explicaron a El País que se pensó en Uruguay como país de asilo por su “tradición”.

Jorge del Castillo es un veterano congresista y fue primer ministro durante dos años en el segundo gobierno de García. Contó a El País que el expresidente está “tranquilo” y “leyendo” y que es tratado con “amabilidad” por el personal de la residencia del embajador. Está “muy agradecido” con Uruguay, aseguró.

García tiene 6 hijos que lo han visitado. “Cuando a (Víctor Raúl) Haya de la Torre (fundador del APRA) se le quitó la nacionalidad, Uruguay le facilitó un pasaporte. Eso se tomó en cuenta” luego de analizar otras posibilidades, contó del Castillo. Según el legislador, no se puede comparar la situación de García con la de otros exmandatarios peruanos. “A Alejandro Toledo, Odebrecht le pagó US$ 20 millones aunque pidió US$ 35 millones por la construcción de la carretera Interoceánica. Lo dijo Odebrecht. Toledo se ha fugado. A Humala, Odebrecht le pagó US$ 3 millones. Humala lo niega pero el nivel de gastos de su campaña lo evidencia. A Pedro Pablo Kuczynski se le demostró que le dio servicios a Odebrecht, siendo primer ministro. Pero en el caso de García no hay pruebas de corrupción. Dicen que Odebrecht le pagó en 2012, cuando no era presidente, una conferencia en San Pablo. Pero fue contratado por la Federación de Industrias de San Pablo. Si Odebrecht pagó, no podía saberlo. No hay que confundir esto con coimas”, argumentó del Castillo.

El legislador dijo que el aprismo está siendo perseguido. Como ejemplo, mencionó que Luis Alva Castro exministro de Economía aprista de 76 años, “fue agredido a patadas” en las cercanías de la residencia del embajador Barros sin que la policía lo protegiera. “Lo que hay es una parcialización de jueces y fiscales contra Alan”, sostuvo. De Zela salió al cruce y aseguró “se han corregido fallas” y enfatizó que no ha reci- bido quejas de Uruguay sobre la seguridad en torno a la residencia del embajador

Tanto del Castillo como su correligionario y congresista Mauricio Mulder dicen que la intención de García, si se le concede el asilo, es quedarse en Uruguay (estaba residiendo en Madrid, España, con su esposa y uno de sus hijos).

Mulder, otro compañero de ruta de larga data de García, señaló a El País que el expresidente dijo “bastante claramente” más de una vez que no tenía intención de volver a ser candidato. “Hay una intromisión del gobierno peruano con el Poder Judicial y queremos que Uruguay lo sepa”, dijo Mulder.

Señaló que la audiencia que analizaría el caso de García se iba a realizar el domingo 18 pero ya el 15 el Ministerio del Interior, a través de la Superintendencia General de Migraciones había dispuesto “adoptar y/o redoblar medidas de seguridad” para evitar la salida de García y de otros ciudadanos. Para Mulder, esto es una prueba de que hubo “prejuzgamiento”. Denunció que en Perú se disponen prisiones preventivas por tres años. Mulder y del Castillo dicen también que medios importantes de comunicación peruanos están en campaña contra García y llaman a manifestarse frente a la residencia del embajador Barros. Sin embargo, el vicecanciller peruano quitó relevancia a la decisión del Ministerio del Interior. Sostuvo que “solo tiene validez” una decisión en el sentido de impedir la salida del país de alguien si es tomada por un juez.